La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Miguel Fernández Galeano, Patricia González y Elena Grauert
Un grupo de inversores damnificados por la quiebra de la empresa Conexión Ganadera se presentó el jueves pasado en la comisión de Hacienda del Senado.
Allí entregó un informe donde denuncian graves fallas de control en que habrían incurrido varios organismos del Estado y pidieron investigar eventuales sanciones a los funcionarios responsables.
“No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos”, señala el texto y agrega: Somos víctimas de “una estafa de unos privados a otros privados, con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”.
Ayer en la entrevista central de En Perspectiva recibimos a integrantes de ese grupo de inversores damnificados: Matías Korch, Fernando Panizza y Horacio Pereira. En un momento del reportaje explicaron qué es lo que reclaman al Estado.
“Durante estos 25 años como bien decís, atravesaron todos los partidos políticos y la respuesta del sistema a Conexión Ganadera siempre fue de exoneraciones, de incentivo para reconocer la importancia de la actividad que estaban desarrollando, Cuando surge el concurso, como damnificados, la respuesta que tuvimos del sistema político es “esta es una cuestión entre privados”; entonces, lo que nosotros decimos es cómo durante estos 25 años dieron fomento y exoneraciones tributarias, préstamos muy benevolentes para el funcionamiento de Conexión Ganadera, y hoy esa empresa que fue favorecido por el sistema político en su conjunto, al momento de tener que enfrentarse frente a los damnificados, el sistema nos da la espalda a nosotros”.
En el texto se advierte que la maniobra no hubiera sido posible sin omisiones del Banco Central (BCU) y la DGI, entre otras dependencias, y se marca “contradicciones” entre ambos organismos sobre la naturaleza de los contratos. Se señala que el BCU los consideró productivos, mientras que hace pocas semanas la DGI los trató como financieros cuando ese organismo se presentó en el concurso de acreedores, reclamóando impuestos retroactivos. Eso —advirtieron— reduce el monto que los ahorristas podrían recuperar en el concurso.
“Durante la vida de la empresa Conexión Ganadera, la DGI nunca leyó un contrato de los productos ofrecidos. Pero sí lo leen cuando se decreta el concurso y en ese momento definen que estamos frente a un producto financiero y, por tanto, corresponden las retenciones de IRPF. Lamentamos que hayan detectado la irregularidad 25 años tarde”, plantearon.
Por otra parte, señalaron irregularidades en la órbita del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el manejo de las guías y las caravanas. Sobre ese punto, exhibieron un documento firmado por la Policía de Florida con la emisión de guías físicas que sirven para certificar la existencia del ganado. “Hay cosas “…” muy graves, como la emisión de guías físicas selladas por la Policía de Florida. Esas guías no tienen ganado, entonces no sólo nosotros no tenemos ganado, tampoco lo tenían las guías, y la Policía lo estaba avalando”, afirmaron.
En el escrito, los damnificados pidieron levantar la confidencialidad de las actuaciones del Banco Central, investigar el rol del Banco República, escribanos y contadores, y rastrear maniobras de lavado, testaferros y operaciones irregulares detectadas por la Fiscalía.
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