Dentro de un mes, el 2 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia para decidir si recomienda a Perú que anule el indulto por razones de salud que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el 24 de diciembre al ex mandatario Alberto Fujimori.
Sea cual sea la resolución, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, adelantó que el Gobierno hará prevalecer la potestad constitucional del presidente para de otorgar indultos.
“Tomamos una decisión que le confiere la Constitución política del Perú, que fue la de otorgar un indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori”, dijo Aráoz.
El indulto le llegó a Alberto Fujimori a los 79 años de edad, hospitalizado, con un estado de salud complicado, y diez años después de que recibiera una condena a 25 años prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1990–2000).
La decisión de Kuczynski generó rechazo de diversos sectores, que consideran que el indulto se concedió de forma fraudulenta, en medio de especulaciones de que fue negociado con el hijo menor del ex mandatario, Kenji Fujimori. Se sospecha que ese pacto entre Kuczynski y Kenji fue lo que permitió que se frustrara en el Congreso un pedido de destitución del presidente a cambio del indulto de Fujimori.
La Mesa Internacional con María Lorente, Rafael Mandressi, Mauricio Rabuffetti y Leo Harari.
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