Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Díaz, Juan Erosa y Lucía Zapata
La posible llegada del abogado Raúl Estomba a la Fiscalía abrió una discusión en el sistema político sobre los antecedentes de quienes aspiran a ingresar al organismo.
Luego de que Estomba aprobara el concurso para fiscal adscripto, la venia para su designación fue remitida por el Ministerio de Educación y Cultura al Senado, que deberá resolver. Según informó el semanario Búsqueda, el Ministerio de Educación y Cultura y legisladores de varios partidos expresaron preocupación, aunque no ven argumentos formales para frenar el trámite.
El debate, sin embargo, no se limita a Estomba: otros dos abogados que defendieron a narcotraficantes están concursando actualmente para ingresar a la Fiscalía, según fuentes del organismo citadas por Búsqueda. Uno es Juan Barca, que ya había concursado el año pasado sin alcanzar el puntaje necesario; el otro es Diego Cabrera, defensor de Luis “Betito” Suárez. Los resultados de este último llamado todavía no se conocen.
Estomba rechaza que lo definan como “abogado de narcos” y sostiene que, aunque defendió a integrantes de grupos criminales, en esos casos no los representó por delitos de narcotráfico. En declaraciones a Búsqueda, el abogado afirmó que sería un “escándalo” que el Senado no aprobara su nombramiento porque eso significaría “que se fue al carajo el Estado de derecho”. “Sería gravísimo, propio de una dictadura, que dice este sí y este no a dedo”, agregó y aseguró que tomaría acciones legales si eso sucediera.
Aclaró, de todos modos, que no le parece inverosímil que el narcotráfico se infiltre en la Fiscalía, aunque añadió que seguramente esos efectos usan abogados de perfil más bajo. “Capaz que ya los tienen, pero como no son abogados conocidos pasaron por debajo del radar”, comentó. Y ante la pregunta de si creía que eso efectivamente ya había ocurrido, respondió: “Por supuesto que sí. El tema es que yo por ahora no soy fiscal para investigarlo”.
Continúa en: Ediles de Montevideo contratan 176 asesores; entre ellos hay familiares, pases en comisión y figuras políticas
