La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Díaz, Juan Erosa y Lucía Zapata
Los 31 ediles que integran la Junta Departamental de Montevideo tienen actualmente 176 asesores, entre secretarios y pases en comisión de otras divisiones del Estado, según consignó el viernes El Observador en base a una solicitud de acceso a la información pública.
Cada edil puede tener hasta nueve asesores, cinco secretarios y cuatro pases en comisión desde otras oficinas del Estado. Solo Guillermo Kruse, de la Coalición, completa el cupo de nueve. Otros cuatro, los blancos Gabriel Cunha y Rafael Seijas y los frenteamplistas Pedro Pastorin y Estefanía Schiavone, tienen ocho.
Para pagar a los secretarios, cada edil uno recibe de la Junta Departamental unos 262.000 pesos.
Entre los casos que se destacan en la nota, la nacionalista Fernanda Araujo tiene como asesor a su hermano y su colega de partido Gabriel Cunha, a su hermano y a su padre. Rafael Seijas, también del Partido Nacional, contrató a dos hijos de su pareja.
El edil Diego Rodríguez —coordinador de la bancada blanca— tiene a su familiar Susana Rodríguez como asesora con un sueldo de $52.393. “Saca las fotos y me maneja las redes sociales”, explicó. Consultado si no le parecía una falta ética contratar, con dinero público, a un familiar, respondió: “Para nada, absolutamente, es gente de mi confianza y hace muy bien su trabajo”.
En el Frente Amplio, la edila Margarita Rodríguez tiene como asesor a Mauro Romaniello, padre del edil Diego Romaniello, con un sueldo de unos 95.000 pesos.
Alejandro Milano, también frenteamplista, tiene contratado a Joaquín Milano con un sueldo de $55.896. En diálogo con El Observador reconoció que es “familiar”, pero no respondió qué parentesco mantiene ni cuál es su rol. “No entiendo por qué te llama la atención”, se limitó a responder.
Los ediles consultados dicen que la contratación de familiares está permitida. Romaniello sostuvo que cada edil es una “empresa”, y Cunha, que apostó por la confianza.
El Observador señala que entre asesores y pases en comisión hay algunas figuras públicas, como Guillermo Maciel, que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou ocupó la subsecretaría del Ministerio del Interior y actualmente trabaja como abogado para el blanco Diego Rodríguez.
Por otra parte, el frenteamplista Gonzalo Zuvela tiene como pase en comisión a Gumer Pérez, abogado de casos mediáticos como el del exvicepresidente Raúl Sendic. El blanco Joaquín Campos tiene como pase en comisión de la Intendencia de Montevideo al abogado Alfredo Ciavattone, síndico del concurso de Conexión Ganadera y Grupo Larrarte.
Campos también tiene como asesor a Santiago Caramés, extitular del Sinae y líder de la lista 22. Hasta el mes pasado, la blanca Laura Soto tenía como asesora a Valentina Arlegui, expresidenta de la lista 71.
Por su parte, el edil Gonzalo Gómez, cuyo caso destapó la polémica sobre el sistema de contratación de ediles, tenía ocho asesores. Hoy Gómez está de licencia, y tiene sus derechos en el Partido Nacional suspendidos luego de que uno de sus asesores —Pablo Leiva— fuera procesado por lavado de activos vinculado al narcotráfico y de que Gómez admitiera que si bien lo tenía contratado no cumplía funciones.
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