Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado ayer por un delito de omisión a los deberes de funcionario público, a raíz de una investigación por el pago irregular de horas extra a funcionarios de su gobierno departamental.
Caram llegó un acuerdo con el fiscal Federico Rodríguez y aceptó la condena, que se le impuso por no haber denunciado esas irregularidades. La pena es de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, y dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses.
El fallo no incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos, ya que el delito en cuestión no lo prevé, por lo que Caram seguirá al frente de la intendencia hasta el viernes cuando, como tenía previsto, renunciará para hacer campaña por una banca en la Cámara de Diputados.
También fueron condenados ayer el primo del intendente y secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, y su pareja, una funcionaria municipal, por el delito de fraude.
A ambos se les impuso una pena de 24 meses de prisión, que se sustituirán por tareas comunitarias. La mujer había sido una de las beneficiarias del pago irregular de horas extras.
Hoy, en tanto, deberá declarar la ahora exdiputada Valentina dos Santos, sobrina de Caram y que también era indagada en la causa.
Dos Santos renunció a su banca para asumir en la intendencia en lugar de su tío.
Según El Observador, fue señalada por la jefa de Recursos Humanos de la comuna como la responsable de haber ordenado el pago de horas extras sin justificación. Dos Santos prevé también llegar a un acuerdo con fiscalía.
Todos ellos venían siendo investigados desde el año pasado, a raíz de una denuncia presentada por ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, luego de que el El País difundiera un informe con los recibos de pago a funcionarios, que en algunos casos mostraban el cobro de hasta 200 horas extra en un solo mes.
Se calcula que, entre 2020 y 2022, la Intendencia de Artigas pagó US$ 8 millones en horas extra.
Hoy, más temprano aquí En Perspectiva, entrevistábamos a Daniel Argañaraz, edil colorado de Artigas quien detallaba esta situación:
"Seguí juntando material porque sabía que había más personas implicadas en la maniobra. Este año me presenté a Fiscalía con la denuncia de varios funcionarios que en forma irregular habían cobrado horas extras. Gente que no tenía entrada ni salida a la intendencia todos los días pero si casi doscientas horas extras. Luego amplíe la denuncia con más información y, por tercera vez, lleve más material. Ante todo eso realmente no había escapatoria porque había mucha documentación de muchas personas".
Las condenas generaron ayer las primeras reacciones políticas.
El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), comentó ayer en su redes: “ si habrá que aprobar el proyecto que nos dejó Adrián Peña, de ingreso por concurso a las Intendencias” dijo, en referencia a la iniciativa que fracasó en el Senado por falta de votos.
En diálogo con La Diaria, Perrone dijo que, luego de la condena de la Justicia, “queda demostrado que hay que aprobarlo, porque, si no, después se dan los abusos y el clientelismo”, aunque admitió que para lo que queda de esta legislatura, que termina en setiembre, no lo ve posible.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) por Artigas, Nicolás Lorenzo, dijo a La Diaria que se hizo “justicia con algo que es injusto para un departamento tan pobre, que [es que] mucha gente gaste la plata de todos en donde quiera”.
El diputado señaló que esta sentencia le dará “un revés” político a Caram en Artigas, porque “las principales figuras del gobierno departamental, el intendente y la diputada, que en su momento fue la directora general”, Valentina dos Santos, que “era la que mandaba en la intendencia”, ahora “se prueba realmente” que cometieron un delito. Lorenzo cuestionó sin embargo que las condenas no incluyan la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La Tertulia de los Miércoles con Leonardo Costa, Tomás Casaretto, Eleonora Navatta y Julieta Sierra.
Continúa en: Todos los delitos bajan en el primer semestre, según datos del Ministerio del Interior
