El asesinato del hincha de Nacional, Lucas Langhain, volvió a dejar en evidencia el uso habitual de celulares en las cárceles para cometer delitos. La investigación concluyó que el crimen fue ordenado desde el Penal de Libertad, por un ex barra brava de Peñarol que pagó a un sicario para disparar contra la hinchada de Nacional.
En Uruguay, el uso de celulares está permitido en algunas cárceles de baja seguridad, sobre todo en el interior. En cambio, en las unidades de máxima seguridad, como el Comcar y el Penal de Libertad, está prohibido.
En esos establecimientos, los dispositivos terminan entrando clandestinamente o mediante sobornos a la Policía. Allí se han colocados inhibidores de señales telefónicas. Sin embargo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo esta semana que estos aparatos han quedado obsoletos porque las compañías telefónicas aumentaron su potencia en la zona.
Ante esos problemas, hay dirigentes políticos u operadores judiciales que se inclinan por regular el uso y otros por prohibirlo. En diálogo con En Perspectiva, el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, se mostró partidario del “camino del medio”:
Yo creo que el criterio tiene que ser el de distinguir. Que se mantenga el régimen progresivo. Donde está prohibido, que esté prohibido. Donde está autorizado que se mantenga autorizado y controlado. Y que sea un elemento más de la vida que va a haber después. Si hay mala convivencia va a ser peligroso el celular, un lápiz, una goma, una silla… Todo es peligroso cuando nos deshumanizamos.
El año pasado, el entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea, dijo que “habría que analizar” la posibilidad de que las personas privadas de libertad en Uruguay pudieran acceder a sus teléfonos celulares.
La idea generó rechazo en varios referentes en seguridad de la oposición que tildaron de “irresponsables” los dichos de Gadea.
La Tertulia de los Viernes con Óscar Ventura, Óscar Sarlo, Juan Grompone y Alejandro Abal.
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