La Mesa de Análisis Político con Daniel Buquet, Adolfo Garcé y Ernesto Nieto.
El atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, marcó un punto de inflexión en el debate sobre el avance del crimen organizado y la fortaleza institucional del Estado.
En la madrugada del domingo 28 de setiembre, desconocidos dispararon contra la fachada posterior de la casa de la Dra. Ferrero y lanzaron una granada, en un ataque que las autoridades vinculan con su rol en las principales investigaciones sobre narcotráfico.
La reacción del sistema político fue inmediata. Todos los partidos se pronunciaron en las horas siguientes a los hechos y al día siguiente el presidente Yamandú Orsi reunió a los líderes de todo el espectro para expresar respaldo a Ferrero y a la Fiscalía. “El país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado”, enfatizó Orsi después de ese encuentro.
Pero el atentado reavivó un tema pendiente desde hace más de tres años: la falta de un fiscal de Corte titular, cargo vacante desde la renuncia de Jorge Díaz en 2021.
Desde la oposición, varios dirigentes plantearon que el nombramiento definitivo de Ferrero sería una señal de fortaleza institucional y respaldo a esa funcionaria en su lucha con el narcotráfico.
El senador colorado Andrés Ojeda propuso garantizar su continuidad, y el nacionalista
Sergio Botana afirmó que designarla sería “poner en su lugar a los enemigos de la República”.
Sin embargo, el presidente Orsi pidió “no entreverar los tantos” y evitar mezclar el apoyo a la fiscal con la discusión política sobre su designación. En la misma línea, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz alertó sobre el “oportunismo político” y señaló la necesidad de mantener una “discusión tranquila” y basada en consensos.
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