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La Tertulia de los Miércoles con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Juan Erosa y Eleonora Navatta
La polémica desatada en torno a la Caja de Profesionales Universitarios tuvo ayer un nuevo capítulo con la renuncia de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.
Ambos presentaron su dimisión luego de los cuestionamientos del Gobierno y la oposición por la decisión del directorio, tomada por mayoría, de aprobar una partida de $131.520 para los integrantes de ese órgano que asuman a partir de mediados de febrero.
En su carta de renuncia, la economista María Noel Sanguinetti expresó que actuó “en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
Según el diario El País, la referencia apuntó al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, quien había sido consultado por los delegados antes de que votaran afirmativamente.
El ministro Juan Castillo se refirió ayer a esa afirmación y dijo desconocerla.
"De que nosotros tengamos conocimiento del Ministerio de Trabajo, no surge ninguna cifra, ningún monto de viático posible. La ley establece claramente que tiene que ser honorarios. El Poder Ejecutivo no tiene que avalar nada. La Caja es autónoma. Es una Caja que tiene también condiciones de paraestatales, por eso tiene dos delegados del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos la posibilidad de algunas resoluciones que se tomen, hacer sugerencia, a solicitar tiempo para acercar una propuesta distinta, es en la etapa que estamos".
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala acusó que el “hilo se cortó por lo más fino”. “La directora renunciante dijo en su carta de renuncia que actuó cumpliendo un mandato del Ministerio de Trabajo. Las autoridades tendrán que pronunciarse. La responsabilidad política no puede diluirse fácilmente, haciendo rodar cabezas, pero sin dar explicaciones”, escribió el nacionalista en redes sociales.
La decisión adoptada por la mayoría del directorio, que seguramente sea revocada este jueves según informa El País, fue cuestionada no solo por su ilegalidad, sino también por el delicado escenario económico-financiero que atraviesa la Caja de Profesionales, con déficits millonarios acumulados durante varios años que incluso requirieron un salvataje del Estado con fondos de Rentas Generales.
No obstante, en línea con lo planteado por los directores que votaron a favor de la partida —entre ellos Rodríguez Sanguinetti, Rodríguez Azcué y Long—, otros colectivos de profesionales universitarios señalaron lo poco realista que resulta que los cargos del directorio tengan carácter honorario.
La Federación de Médicos del Interior (FEMI), por ejemplo, reconoció que las resoluciones adoptadas deben ajustarse a la normativa vigente, pero planteó la necesidad de generar los incentivos adecuados para la gestión de la Cjppu.
¿Qué esperamos de quienes conducen organismos de este tipo? ¿Cómo se remunera (o no) esa responsabilidad? ¿Hasta dónde puede sostenerse un sistema de cargos honorarios para administrar estructuras cada vez más complejas?
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