Pese a que las cárceles uruguayas han mejorado en los últimos años, los problemas que arrastran volvieron a ser noticia la semana pasada.
El último informe del comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit advierte que en lo que va del año hubo cinco muertos y más de 55 heridos de arma blanca en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar. En esos sectores se alojan casi 2.000 personas, la mitad de la población de esa cárcel y el 18,8 % de los reclusos que hay en todo el país.
Según el reporte de Petit, en esos módulos existen dificultades para la cobertura de salud debido a carencias de personal y hay una ausencia total de actividades educativas y de atención a las situaciones problemáticas de los internos, que solo tienen contacto con el personal policial dedicado a la vigilancia.
Mientras tanto, el sistema político negocia la creación de un nuevo régimen administrativo para las cárceles. El martes pasado, el Gobierno y los partidos políticos acordaron sacar la gestión de esos centros de reclusión de la órbita del Ministerio del Interior y pasarla a un nuevo servicio descentralizado.
El Partido Colorado propuso que ese organismo se vincule al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, el asesor del Partido Nacional en temas de seguridad pública Álvaro Garcé se mostró en desacuerdo con esa solución, porque a su juicio, “la competencia del MEC es hoy extensa y compleja" y agregarle la gestión de un vínculo con un servicio descentralizado es "un exceso".
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Gonzalo Baroni, Hoenir Sarthou, Luis Polakof y Felipe Schipani.
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