Casa Grande, el sector frenteamplista que dirige la senadora Constanza Moreira, rechazó la decisión del ministerio del Interior de asignarle gradualmente las tareas de seguridad en las cárceles a la Guardia Republicana.
En un comunicado. este grupo expresa "su profunda preocupación con el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder".
La semana pasada, el ministerio del Interior dio a conocer esto mediante un comunicado. Allí anunció que la Guardia Republicana "asumirá las funciones de seguridad penitenciaria brindado apoyo al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para asegurar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y garantizar la integridad física" tanto de trabajadores como de las personas privadas de libertad y de las personas que van como visitantes.
Para eso, todos los policías que trabajan en la seguridad de cárceles y que están bajo la órbita del INR pasarán a depender de la Guardia Republicana. Este cambio se hará de manera progresiva; iniciará por la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles.
A su vez, la Guardia Republicana quedará a cargo de la custodia perimetral en todas las unidades, salvo en las siete que actualmente tienen vigilancia por el Ejército. La custodia perimetral del Ejército en esos establecimientos finaliza, por ley, en 2021. El proyecto de ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional enviado por el Ejecutivo en julio de 2018 al Parlamento y que está a estudio de la cámara de Representantes, establece que a partir de ese año, 2021, la custodia perimetral en todas las cárceles pasará a la Guardia Republicana.
La Mesa de los Lunes con Carolina Ache, Pablo Carrasco, Adriana Marrero y Manuel Laguarda.
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Foto en Home: Perímetro carcelario. Crédito: Ministerio del Interior.
