Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
La formalización del ex senador Gustavo Penadés por 22 delitos de abuso sexual, varios de ellos relativos a menores, puso de nuevo en debate la posibilidad de utilizar de manera
irregular las bases de datos que están en manos del Estado.
El jueves pasado la justicia formalizó al comisario Carlos Taroco por su participación en una “contrainvestigación” que buscaba beneficiar a Penadés en su situación judicial. Según la fiscal Alicia Ghione, en esa operación, impulsada por Penadés y algunos de sus allegados, se buscaba datos de las víctimas, para identificarlas y amedrentarlas. Una de las fuentes de información que se emplearon fue el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior.
Taroco, que se desempeñaba como director de la Unidad de Reclusión Nº 1 (ex Comcar) y titular de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior, habría actuado presuntamente con otros dos policías más, según informó el Observador.
El jueves pasado el semanario Búsqueda recordó que el SGSP “registra todos los eventos de seguridad pública ocurridos o denunciados en los 19 departamentos, desde homicidios a
extravíos de cédula: unos 300.000 por mes, que incluyen los datos personales y domicilios de todas las personas que intervienen o participan en esos eventos.
Implementado en el 2000, desde 2017 es la única herramienta de uso nacional por todas las instituciones que radican denuncias penales, por lo cual se lo considera el sistema de información “madre” del Estado en materia de seguridad pública. Hay casi tres mil
dependencias y veinticuatro mil funcionarios habilitados para su acceso, la gran mayoría pertenecientes a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.
La Mesa de los Lunes con Miguel Brechner, Martín Bueno, Martina Casás y Agustín Iturralde.
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