La jueza de familia de 8º turno, Iris Vega, asignó ayer la tenencia de provisoria de los hijos de Valeria Sosa -quien fuera asesinada por su pareja policía el pasado 30 de enero- a la familia paterna.
La doctora Vega basó su decisión en que los niños manifestaron su deseo de vivir con los abuelos paternos ya que, según dijeron, en la otra rama de su familia eran víctimas de insultos.
La fiscalía había solicitado que los niños permanecieran con los abuelos maternos y en ese mismo sentido se había pronunciado un informe del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia Doméstica.
Recordemos que pocas horas después del asesinato de Valeria Sosa, la jueza Vega ya había resuelto que los niños se quedaran con la familia paterna provisoriamente sin realizar audiencia entre las partes. En ese entonces, la magistrada argumentó que la policía le había comunicado que los niños tenían contacto más fluido con los abuelos paternos. Además, Vega sostuvo que tomó una decisión de urgencia desconociendo que los niños habían sido testigos del homicidio y que había antecedentes por violencia doméstica.
Aquella medida fue cuestionada por la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, quien sostuvo que el hecho de que "los niños estén con la familia del agresor hace que el relato de los hechos no tenga la claridad necesaria". Desde distintas organizaciones sociales también se criticó el hecho de que la magistrada haya resuelto por teléfono y sólo con información policial.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Jueves con Fernando Butazzoni, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Antonio Mercader.
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