Un decreto firmado el lunes pasado por el presidente Tabaré Vázquez que habilita a la Policía a desalojar piquetes en calles y rutas con la colaboración de otros organismos públicos, sin esperar autorización judicial, generó malestar en el oficialismo, en los sindicatos y en organizaciones defensoras de los derechos civiles.
En el Frente Amplio varios dirigentes consideraron que la norma da excesiva autonomía a la Policía para resolver conflictos que deberían ser encarados a través del diálogo. En el mismo sentido se expresó la ONG Servicio de Paz y Justicia que a través de un comunicado acusó al Gobierno de “criminalizar” la protesta de los movimientos sociales. En tanto, en el PIT-CNT se analizará el martes si se presenta un recurso revocatorio contra el decreto. Esta iniciativa es impulsada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que calificó al texto como un avance represivo contra los trabajadores.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior Eduardo Bonomi defendió la medida y destacó que no innova con respecto a un decreto anterior de 1999, salvo en que autoriza la cooperación de otros organismos y en que deja expresamente al margen de estas actuaciones los piquetes vinculados con el derecho de huelga. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que el decreto no es contra los trabajadores si no que busca impedir conflictos entre empresas que amenacen la producción, como el que sucedió recientemente entre la Intergremial de Transporte Profesional de Carga y la Asociación de Cultivadores de Arroz.
La Mesa de los Lunes con Gabriel Mazzarovich, Gonzalo Baroni, Leonardo Costa y Hoenir Sarthou.
[la_mesa type="1″]
