El pasado 13 de febrero el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece que todo funcionario de la administración central que haga públicas las solicitudes y proyectos que eleva a sus superiores, o los informes y dictámenes que produce, incurrirá en falta muy grave que es pasible de despido.
En el decreto, firmado por Raúl Sendic, que en esa fecha se encontraba en el ejercicio de la presidencia por la gira europea de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo estima “oportuno” regular la actuación de los funcionarios ya que “los principios de transparencia y publicidad que deben primar en la actividad estatal deben ser armonizados con los deberes de lealtad y reserva del funcionario público”.
Según fuentes del Gobierno consultadas por el semanario Búsqueda, “la nueva reglamentación surgió como una preocupación ante situaciones relacionadas con sumarios, informes jurídicos y proyectos de resolución, entre otros documentos, que antes de que tengan una decisión final por parte del jerarca correspondiente ya están en conocimiento de terceros, lo que, según las fuentes, vulnera la privacidad de los involucrados y condiciona las decisiones de los jerarcas.”
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Viernes, con Ana Ribeiro, Mauricio Rosencof, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.
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