Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Pablo Díaz, Miguel Fernández Galeano y Patricia González
Un convencional colorado de Florida, Juan Esequiel Ibarra, pidió al Senado que analice si el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, violó el artículo 124 de la Constitución.
El planteo surgió a partir de una audiencia judicial en la que la fiscal Silvia Lovesio advirtió que Ojeda, en su rol de abogado, había presentado un escrito para solicitar el reexamen de una causa.
El artículo 124 prohíbe a los legisladores tramitar asuntos de terceros ante organismos del Estado o servicios descentralizados, y establece que su incumplimiento implica la pérdida inmediata del cargo. Para Ibarra, la actuación de Ojeda ante Fiscalía configuró un “acto de tramitación administrativa”.
En diálogo con La Diaria, Ibarra afirmó que el caso supone un quiebre institucional y anunció que también presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Partido Colorado.
“Nosotros no podemos permitir que cualquier legislador –en particular, una autoridad como el senador Andrés Ojeda– haga a un lado los preceptos constitucionales más básicos para representar intereses que son ajenos al Estado uruguayo”, afirmó Ibarra.
Para “contextualizar” su denuncia ante la Comisión, Ibarra incluyó – dice la diaria- declaraciones a la prensa de Ojeda sobre el reciente fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública acerca de la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza. “El propio senador denunciado exigió públicamente la aplicación más estricta posible de las incompatibilidades constitucionales cuando el análisis recaía sobre un tercero”, apuntó Ibarra; y sostuvo que resulta “oportuno destacar la contradicción que hoy se presenta: el estándar de rigor que él reclamó para otros es el mismo estándar que ahora intenta relativizar respecto de su propia conducta”.
Mientras tanto, en el Frente Amplio por ahora fueron pocos los que se pronunciaron. Uno de ellos fue el diputado Federico Preve que también comparó la reacción de la oposición a este tema con las críticas que recibió el presidente de ASSE. “¿Han raptado a los miles de constitucionalistas de Uruguay que ya no emiten juicio alguno? Curioso: hace horas había guardianes de la República en cada rincón por el caso Danza. Con lo de Ojeda… silencio administrativo”, apuntó Preve con ironía.
Por su parte, el exfiscal y senador colorado Gustavo Zubía dijo a La diaria que su opinión, “como no podía ser de otra forma, es en defensa del derecho al ejercicio profesional”, y siguió una línea similar a la de Lust. Dijo que hay una posición “de sentido común”, porque “cualquier senador, siendo profesional, tiene derecho al ejercicio profesional”, ya sea “arquitecto, médico, abogado”, etcétera, según lo establece el artículo 7 de la carta magna (el derecho, entre otras cosas, al trabajo). Agregó que, ante la “pugna” entre derechos, por la limitación del artículo 124, “la primacía debe estar en el derecho a la actividad laboral”.
Además, Zubía subrayó que la Fiscalía, con la reforma de 2017, se convirtió en “el paso previo y obligatorio para llegar al sistema judicial”, entonces un abogado “no puede empezar a caminar si primero no da un paso con la Fiscalía”. Por lo tanto, para Zubía, decir que Ojeda no puede hacer trámites en la Fiscalía es como señalar que un médico puede atender a sus pacientes en el hospital, “pero está impedido de atenderlos en la ambulancia, que es la que lo lleva al hospital”. “Es un contrasentido en el ejercicio profesional”, finalizó.
Mientras tanto, la fiscal Lovesio elevó los hechos a la fiscal de Corte subrogante, Mónica ferrero, quien respondió que la decisión sobre el reexamen corresponde a la propia fiscal, que goza de independencia técnica.
Continúa en: Blanca Rodríguez: “El diseño moderno de las políticas sociales” comenzó en los gobernos del FA
