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La Tertulia de los Miércoles con Patricia González, Gonzalo Baroni, Óscar Licandro y Juan Erosa
Las lluvias escasas de los últimos meses están configurando un escenario de dificultades para el sector agropecuario uruguayo.
El déficit hídrico, que en los últimos años provocó pérdidas productivas, mayor endeudamiento y un deterioro de las condiciones de trabajo en el medio rural, vuelve a instalar la incertidumbre en pleno verano.
Frente a esta situación, el 13 de enero el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispuso un conjunto de medidas de apoyo focalizadas en los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y San José. El paquete incluye la habilitación excepcional del pastoreo en fajas linderas a rutas y caminos rurales, la prórroga de aportes al BPS y del pago del seguro de accidentes de trabajo rural, así como líneas especiales de crédito del BROU para productores ganaderos y lecheros.
En paralelo, se instrumentaron apoyos específicos para productores familiares, con un alcance territorial más acotado. Entre ellos, microcréditos del Programa de Microcrédito Rural disponibles en Canelones y Rocha, y fondos rotatorios para alimentación animal canalizados a través de organizaciones locales en Canelones, Lavalleja, Maldonado y Rocha.
La sequía no es un fenómeno inesperado ni excepcional en Uruguay. El país ya atravesó, durante la administración pasada, una crisis hídrica severa, con impacto directo en la producción agropecuaria, el abastecimiento de agua potable y la economía en general.
En ese contexto, el riego aparece desde hace años como una de las principales herramientas para reducir la vulnerabilidad del sector frente a los eventos climáticos extremos. Uruguay cuenta con una Ley de Riego aprobada en 2017 y, durante la última campaña electoral, se planteó la necesidad de avanzar hacia una estrategia nacional de riego como una de las prioridades.
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