La Tertulia de los Lunes con
Miguel Brechner, Martín Bueno,
Pablo Díaz y Eleonora Navatta
Dos días después de que el gobierno uruguayo presentara una denuncia penal por presunto fraude o estafa, el astillero español Cardama emitió ayer un comunicado en el que sostiene que “ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales” en la construcción de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, a partir del contrato firmado a fines de 2023.
La empresa afirmó que le “resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de rescindir el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes”, y aseguró que continúa trabajando “al ritmo previsto de obra y adquisición de materiales”.
Comunicado del astillero español Cardama luego de que el gobierno uruguayo presentara una denuncia penal po… by En Perspectiva En Perspectiva
En el texto se reclama “la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes”. Si ese intercambio no se concreta, el astillero advirtió que “se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses”.
El eje del conflicto está en la garantía de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del monto total, que —según informó el gobierno— fue emitida por una firma británica inexistente. La semana pasada, el presidente Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, señalaron que la empresa garante no figura en el registro financiero del Reino Unido, no tiene actividad desde 2022 y fue declarada en liquidación por inactividad. Además, el embajador uruguayo en Londres constató que la dirección declarada nunca correspondió a la firma.
Ante esa situación, Cardama ofreció sustituir la garantía por una nueva que “cumpla con las características que la Administración considere adecuadas”, y subrayó que las presentadas en su momento “fueron oportunamente aceptadas y supervisadas por el Estado uruguayo”. También remarcó que “no se ha ocasionado perjuicio alguno a la Administración” y que el astillero “ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra”.
Finalmente, la compañía lamentó que “las declaraciones públicas recientes hayan generado un impacto reputacional negativo e injustificado”, que afecta la confianza de sus proveedores y “podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto”. En ese sentido, reafirmó su compromiso con “la culminación exitosa del proyecto de las patrulleras OPV” y con la búsqueda de una “solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual”.
El gobierno del presidente Yamandú Orsi presentó el viernes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude o estafa en el contrato con el astillero español Cardama. La denuncia apunta a que la empresa que presentó la garantía de fiel cumplimiento, la británica EuroCommerce, es una firma inexistente, en proceso de liquidación y sin registro financiero en el Reino Unido.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, entregaron el documento a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
En rueda de prensa, Sánchez afirmó que se están “denunciando hechos” y remarcó que será tarea de Fiscalía “convocar a quien trajo la garantía y a quien la aceptó”, en referencia tanto a Cardama como a los funcionarios públicos involucrados. Agregó que el gobierno no va a “debatir con el señor Cardama a través de la prensa” y afirmó que están “defendiendo los bienes públicos, el dinero de la gente y la necesidad de que el país cuente con las patrulleras comprometidas”.
“Hay un contrato que tiene que tener garantía. Si no tiene garantía, hay que parar el contrato. Es un acto de responsabilidad que hace el gobierno. Después, que los políticos discutan lo que quieran; nosotros estamos defendiendo el dinero de la gente”.
El Directorio del Partido Nacional se reúne este lunes para analizar la situación generada por la denuncia penal contra Cardama y el anuncio de rescisión del contrato con ese astillero español. El tema provocó malestar en filas nacionalistas, ya que el acuerdo con la empresa se firmó durante el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou.
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