La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Gabriel Budiño,
Casilda Echevarría y Daoiz Uriarte
El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, en San José.
Varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado esa iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales.
La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y representantes del consorcio Aguas de Montevideo.
La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial destinadas a analizar alternativas a lo estipulado en el contrato original.
"Cuando nosotros iniciamos este proceso, donde junto al Gobierno, tanto las autoridades de OSE como las del Ministerio de Medio Ambiente y un equipo enorme desde el punto de vista técnico —ingenieros, abogados, tanto del sector público como del sector privado— han trabajado intensamente durante todo este tiempo, a efectos de cumplir con este objetivo principal que es garantizar el acceso al agua potable del área metropolitana hacia el 2045.
Estuvimos discutiendo una renegociación de un contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo con el consorcio, con los mismos objetivos y bajo el mismo paraguas, porque ese contrato firmado establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana.
Lo hicimos en este proceso con, yo diría, dos componentes centrales: primero, pensando en el bien general y colectivo; y segundo, desde un profesionalismo clave para poder avanzar en estos temas. Y hemos llegado a un acuerdo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción".
Ahora, a partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe hoy en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la Quinta Línea de Bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora, de menor porte, para reforzar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones.
Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a los que ya genera la actual permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer al área metropolitana hasta el año 2045.
Sánchez destacó que estos trabajos permiten un ahorro de un tercio del costo del proyecto original.
Y resaltó, por otra parte, que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras durante 17 años, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OSE, para respetar el artículo n.º 47 de la Constitución de la República, que establece que "el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales"
En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá —un viejo proyecto del Frente Amplio—, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este período y en paralelo a las otras obras.
La decisión marca un giro en la estrategia hídrica respecto al gobierno anterior.
De todos modos, el nuevo esquema deberá ser evaluado por el Tribunal de Cuentas, que tiene plazo hasta el 31 de agosto para expedirse.
Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente Luis Lacalle Pou calificó la decisión como “netamente política y técnicamente desacertada”, y advirtió que seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía podría llevar a repetir los problemas del pasado.
“Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre las malas decisiones las pagan los uruguayos”, añadió. Y apuntó: “La responsabilidad es del Presidente Yamandú Orsi y su equipo”.
A su vez, el diputado colorado Walter Cervini anunció la convocatoria del ministro Ortuño a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, donde se espera que brinde detalles sobre el nuevo diseño y los cambios contractuales.
Además, el tema será analizado este lunes por el Directorio del Partido Nacional, que a esos efectos convocó al expresidente de OSE Raúl Montero y al exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado también se pronunciará hoy sobre el anuncio. Convocó a la reunión al director de Ose por la oposición, José Amy, la exvicepresidenta del organismo, Susana Montaner y el exministro de Ambiente, Robert Bouvier.
¿Qué lectura hacen los contertulios de esta decisión del gobierno?
