Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
En los primeros meses del gobierno de Luis Lacalle Pou se habló más de una vez del concepto y de que el presidente era capaz de dar “marcha atrás”. Hubo varios ejemplos de anuncios que eran respondidos con críticas, a partir de las cuales el Poder Ejecutivo cambiaba la pisada rápidamente.
En los últimos días hubo dos hechos políticos de ese tipo.
Primero, los beneficios fiscales que el Ministerio de Economía le otorgó al estudio jurídico del director de la OPP, Isaac Alfie, a partir de un trámite que él había iniciado en 2019, mucho antes de asumir su cargo. El viernes pasado, pocas horas después de que trascendiera la resolución, Alfie declaró que “de común acuerdo” con el presidente Lacalle Pou había decidido renunciar a la exoneración.
Segundo, el gasto de más de $ 30.000 en un almuerzo de trabajo en la sede de la Cancillería entre equipos encabezados por el ministro Francisco Bustillo y su colega Azucena Arbeleche. Lo reveló el diputado frenteamplista Gustavo Olmos y poco después Bustillo envió una carta al director de Asuntos Técnico Administrativos del Ministerio manifestando su sorpresa por la forma en cómo se había imputado esa compra, ordenando que se cancelara la operación y anunciando que él se haría cargo personalmente de la factura.
¿Cómo vieron estos ejemplos de "marcha atrás"?
La Tertulia de los Miércoles con Gabriel Budiño, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir y Gloria Robaina.
Viene de…
Al no disolver aglomeraciones en el 8M, ¿omitió el gobierno cumplir su propia ley?
