El director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, encabezó ayer una conferencia de prensa donde dio detalles de la auditoría que las nuevas autoridades iniciaron en esa cartera la semana pasada.
A partir de lo que había publicado el diario El País en la edición dominical, Martinelli dio más información: señaló que hasta ahora se investiga a unas 18 o 20 organizaciones civiles que gestionaban refugios y no abonaban el alquiler de los locales con el dinero que el Mides les transfería para ese fin. Además se indaga sobre deudas del programa Uruguay Trabaja con el BPS por más de 4 millones de pesos. Y se está analizando también el destino y el estado de varios inmuebles que fueron donados al Programa Nacional de Discapacidad:
En algún caso y me hago responsable de lo que voy a decir, por ejemplo en lo que tiene que ver con el arrendamiento y volcar el dinero a las ONG, podría configurar una suerte de apropiación indebida. Habría que ver después de la auditoría y después de tirar algunos hilos si surgen otros elementos para configurar algún otro tipo de delitos.
Martinelli enfatizó que las nuevas autoridades del Mides "no están para cogobernar" ni con ONGs ni con cooperativas ni con ninguna organización social ni con ningún centro de poder económico. "Ese permiso nos lo dio la ciudadanía en noviembre de 2019″, agregó.
Por otro lado, indicó que las nuevas autoridades reactivaron la unidad de auditorías que fue creada en 2013, pero que no fue dotada de presupuesto ni de recursos humanos. A esa oficina va a sumarse la Auditoría Interna de la Nación, y dependiendo de la magnitud de los resultados de los estudios de ambos organismos, se examinará si se contrata una auditoría externa.
La diputada Ana Olivera, ex subsecretaria del Mides, respondió a las denuncias ayer de mañana en su cuenta de Twitter a partir de la nota que había publicado el diario El País. Aclaró que no hubo desvío de fondos, y dijo que las deudas de las ONG fueron informadas a las actuales autoridades durante la transición. Señaló que antes de terminar el gobierno anterior, el Ministerio presentó dos denuncias penales contra ONGs por ese problema del no pago de los alquileres. Agregó que en 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó su tarea fiscalizando a las ONG.
En cuanto a inmuebles donados a la cartera, informó que en la página web del Mides hay una respuesta al pedido de informes donde está el listado completo y la situación patrimonial de un caso: el de los bienes del Instituto Artigas que pasaron a propiedad del Mides en enero de 2016.
Y con respecto al campo de Lavalleja, que se mencionaba en el artículo, está alquilado desde 2002, y las cuentas donde se depositan los arrendamientos no fueron tocadas en el quinquenio.
Habló también de la relación con el BPS: dijo que la transferencia anual del Mides ronda los 1.500 millones de pesos y que hay un contacto permanente entre las áreas financieras de las dos instituciones.
¿Cómo vieron esta decisión política de iniciar auditorías sobre la gestión del Frente Amplio en el Mides?
La Tertulia de los Lunes con Pablo Carrasco, Cecilia Eguiluz, Pepi Goncalvez y Christian Mirza.
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Foto en Home: Nicolás Martinelli. Crédito: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
