Foto: Presidencia
La Tertulia de los Miércoles con
Gonzalo Baroni, Patricia González,
Elena Grauert y Alejandro Steineck
El gobierno presentó ayer cuatro medidas para mejorar la competitividad y el clima de negocios, y anunció además que antes del 31 de mayo enviará al Parlamento un proyecto de ley en esa línea. Las iniciativas apuntan a reducir costos y agilizar trámites. Según estimaciones oficiales, las medidas anunciadas que ya entran en vigor podrían generar un ahorro cercano a los 20 millones de dólares al año en el comercio exterior.
En una conferencia de prensa que encabezó junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi dijo que, si bien Uruguay ofrece fortalezas como la estabilidad y las reglas claras, todavía enfrenta problemas de lentitud, costos elevados y burocracia que afectan el clima de negocios. El mandatario planteó que el objetivo del nuevo paso es mejorar los controles y hacer más eficiente al Estado.
“Somos conscientes de que debemos apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad en estas áreas, que debe presentar menos costos y que los controles tienen que ser mejores. En épocas en que se habla de desregulación, lo que vamos a plantear no es eso, sino que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas”.
Por su parte, el ministro Oddone recordó que en la Ley de Presupuesto ya se aprobó un primer paquete de medidas de este tipo y explicó que la estrategia del gobierno se basa en reformas microeconómicas, enfocadas en simplificar procesos y bajar costos operativos.
“El diagnóstico, que es el que sigue vigente hoy, es que efectivamente Uruguay tiene que mejorar su capacidad de competencia y que, por los distintos acontecimientos que han tenido lugar en los últimos 20 años, esa mejora de la competitividad no puede venir por aspectos de naturaleza macroeconómica. O sea, la política macroeconómica ha hecho casi todo lo que tiene que hacer para mejorar la competitividad, que es asegurar la previsibilidad, la estabilidad y las reglas de juego. El enfoque que tenemos en este gobierno es de reformas microeconómicas”.
Las medidas administrativas anunciadas apuntan todas a facilitar el comercio exterior y consisten en:
- Eliminación de la intervención previa de DGI para las importaciones. Los impuestos internos que se recaudan en la importación, y la gestión de sus exoneraciones, requieren aún intervención de DGI previa al despacho. Esto genera trámites que el operador debe realizar antes de importar. Ahora, se sustituye un trámite por mayor coordinación entre organismos. Este cambio implica un ahorro financiero para las empresas, ya que se reduce su necesidad de fondeo, explicó el ministro. La media involucra unas 25.000 operaciones de importación anuales. Oddone aclaró que la DGI es un organismo que basa su control en la auto declaración y ya tiene la práctica corriente de revisar ex post el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- Eliminación de la intervención previa de DGI en exportaciones. Este trámite complejo genera en muchas ocasiones demoras en la frontera y en el puerto. Por esto, el control tributario sobre las exportaciones que retornan se hará ex-post, con el objetivo de evitar costos logísticos imprevistos.
- Eliminación de documentación en soporte papel para trámites aduaneros. La Aduana gestionará la documentación complementaria del DUA únicamente mediante documentos electrónicos y eliminará la necesidad de archivar la carpeta en papel 5 años.
- Facilidades en el pago de obligaciones de comercio exterior. Actualmente, en las operaciones de importación, las obligaciones tributarias deben pagarse antes del libramiento de las mercaderías, lo que genera costos para las empresas incluso antes de disponer de ellas. Las nuevas medidas permitirán diferir el pago de estas obligaciones dentro del mismo mes del despacho mediante la constitución de garantías, lo que implicará un ahorro financiero al reducir las necesidades de fondeo.
- El denominado “Canal rojo” de la Aduana pasará a basarse exclusivamente en análisis de riesgo. Hoy en día el canal rojo implica verificación física y documental de las operaciones y suele generar demoras en el despacho. Con este cambio, las verificaciones físicas se basarán exclusivamente en criterios de análisis de riesgo, lo que permitirá reducir controles innecesarios y generar ahorros para las empresas importadoras.
- No se requerirá el uso de precintos electrónicos en los tránsitos de cadenas certificadas OEC (Operador Económico Certificado). A su vez, los exportadores OEC podrán cobrar la devolución de tributos 30 días después de completar el despacho.
- Beneficios para el transporte ferroviario de carga.
Dado que el transporte ferroviario presenta condiciones operativas específicas, los instrumentos tradicionales de control no siempre resultan necesarios. Por ese motivo se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados para este medio de transporte.
Por otro lado, el presidente y el ministro presentaron los lineamientos para el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación que impulsará el MEF y será presentado al Parlamento a finales de mayo.
Este texto incluirá capítulos sobre comercio exterior, competencia, innovación y simplificación de trámites, y terminará de redactarse con aportes de empresas, sindicatos y la academia, en un proceso de consulta abierto hasta el 24 de abril.
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