Foto: adhocFotos / página web Cardama
La Tertulia de los Lunes con Pablo Díaz, Elena Grauert, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte
La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama abrió un nuevo frente político y jurídico en torno a la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2023, durante la administración anterior, por un monto superior a los 82 millones de euros.
El viernes, el presidente Yamandú Orsi confirmó la decisión que ya había adelantado en octubre pasado, cuando anunció la presentación de una denuncia penal. Ahora, en una conferencia de prensa realizada tras un Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo resolvió dar por terminado el contrato y avanzar en acciones para defender los intereses del Estado.
“Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad, incluso, de resolver y de poder caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones. La primera: rescindir el contrato de suministro con la empresa Cardama por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo: iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero: definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello. Y por último, procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.
El núcleo del planteo del gobierno está en las garantías exigidas para que el contrato entrara en vigor. Según ya habían indicado las autoridades el año pasado y se confirmó en estos meses, la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama (emitida por la firma inglesa EuroCommerce) era falsa.
Recientemente se agregó que la garantía de reembolso no cumplía con lo pactado, ya que el documento presentado no era una póliza válida sino un escrito que detalla “términos y condiciones”.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo que se trata de incumplimientos graves que habilitan la rescisión unilateral del contrato conforme a la normativa vigente.
“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato. La pregunta que nos hemos hecho estos días es por qué causa, razón, motivo o circunstancia no se agregó la póliza real. Y la única explicación razonable que hemos encontrado –salvo que a alguien se le pueda ocurrir otra, y estoy abierto a escucharla– es que no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.
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