Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
La Guardia Republicana desalojó ayer a un grupo de trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) que habían cortado la circulación de vehículos en el acceso norte al puerto de Montevideo.
La Policía mantuvo un intercambio verbal con los militantes movilizados para intentar desalojarlos, luego de que la fiscal Silvia Naupp dispusiera que se debía garantizar la libre circulación. En ese momento algunos sindicalistas se sentaron con los brazos encadenados y eso llevó a los agentes a retirarlos del lugar. Algunos de los trabajadores no se resistieron pero otros fueron aprendidoS por varios policías para ser trasladados a una comisaría.
El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, que se hizo presente en el puerto, sostuvo que “se bloqueó el ingreso y la salida de camiones”. González recordó que la Ley de Urgente Consideración declara “ilegítimos” los piquetes que cortan la libre circulación. Gonzalez dijo que cuando se constató la situación se dio cuenta a Fiscalía y "Fiscalía es quien intima a que en diez minutos se vayan del lugar; si no, tienen que actuar las fuerzas públicas, sea el gobierno que sea”, aseguró.
González mantuvo un tenso diálogo con los trabajadores mientras era entrevistado por los periodistas:
Vamos a no gritarnos. Yo no mandé a dar palo. Hay una ley que hay que cumplir. Y acá el diálogo tiene que primar como hablé con el PIT CNT. Entonces tengamos diálogo. No nos gritemos. No es el momento para eso.
Javier Benech, encargado de comunicación de la Fiscalía, dijo que la fiscal ordenó a la policía notificar a los manifestantes que debían cumplir "con todos los derechos", o sea, los de manifestación y los de circulación. “Esa fue la orden concreta que dio. Obviamente la fiscal no es la que ejecuta el operativo. Pero eso fue lo que transmitió; quien se encarga de manejar la situación es la Policía” dijo Benech.
Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que también se hizo presente en el puerto, sostuvo que el procedimiento policial comenzó antes de su arribo y aclaró que la Fiscalía resolvió que se garantizaran los derechos de las partes involucradas, pero no dispuso el desalojo. "No es función de la Fiscalía decidir el procedimiento policial", aclaró.
Por su parte, el integrante del Secretariado Ejecutivo, Daniel Diverio, dijo en conferencia de prensa que los hechos acontecidos causaron "enorme preocupación" por el escenario que se está viviendo. Diverio remarcó que ante los planteos sindicales, "la respuesta que tenemos hoy no es una mesa de negociación, ni la búsqueda de diálogo, sino una brutal represión".
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