Foto: página web de Cardama
La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez y Daniel Supervielle
Hoy se instalará en la Cámara de Representantes la comisión preinvestigadora solicitada por el Partido Nacional para analizar el llamado “Caso Cardama”, por el contrato firmado por el gobierno anterior con el astillero español para la construcción de dos patrulleras oceánicas. En paralelo, el caso también comenzó a tramitarse en la Cámara de Senadores, donde ya está en funciones otra preinvestigadora impulsada por el Frente Amplio.
El pedido fue presentado ayer por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. El legislador planteó que el análisis abarque desde 2005 hasta el anuncio de la rescisión, y argumentó que ese año se produjo el primer reclamo público de la Armada sobre la necesidad de contar con este tipo de buques. Según explicó, el objetivo es revisar todo el proceso, incluyendo la firma del contrato en 2023 y las decisiones adoptadas por el actual gobierno al momento de cancelarlo.
“¿Por qué lo hacemos en la Cámara de Diputados? Por una razón muy sencilla: es la única cámara donde está representado todo el espectro político nacional. Los seis partidos políticos que componen el Parlamento se encuentran en la Cámara de Representantes, no así en la Cámara de Senadores”.
En tanto, la comisión preinvestigadora creada en el Senado a instancias del oficialismo tiene plazo hasta el viernes a las 8.30 para presentar su informe y resolver si se crea una investigadora sobre el caso Cardama.
El senador frenteamplista Sebastián Sabini afirmó en rueda de prensa que buscan esclarecer lo que considera “una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XXI”.
Sabini dijo que se deben establecer “cuáles son las responsabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades anteriores sobre todo este proceso”, y por qué se eligió a una empresa “que proponía construir dos barcazas por el precio de una”.
“La comisión investigadora no es contra nadie: es para defender los intereses del Estado uruguayo. Es para buscar recuperar los recursos que ya invertimos y para lograr, como sistema político, una respuesta ante una necesidad que es proteger el mar territorial”.
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