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La Tertulia de los Miércoles con
Pablo Díaz, Juan Erosa,
Patricia González y Victoria Pasquet
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional firmaron ayer un convenio marco para desarrollar un plan piloto por el cual jóvenes privados de libertad participarán de forma voluntaria en instancias de formación y capacitación del Ejército Nacional.
El acuerdo fue suscrito en la Torre Ejecutiva por el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.
Saavedra mencionó que en la experiencia participarán desde marzo entre 20 y 30 jóvenes mayores de edad o a punto de cumplirla, para aprovechar “las posibilidades de capacitación que ofrece el Ejército Nacional”, desde tocar en una banda hasta talleres de carpintería y de mantenimiento”.
Mencionó que un censo realizado por Unicef y Equipos Consultores, que se va a presentar públicamente en marzo, arrojó que 85% de los adolescentes del Inisa no terminaron el ciclo básico, un guarismo que se mantuvo incambiado desde el último censo, realizado en 2018. “Casi diez años, y no movimos una décima ese porcentaje. ¿Alguien puede pensar que tenemos futuro como país, que estos chiquilines tienen futuro, que sus familias tienen futuro si no logramos mover esa aguja?”, planteó.
"Para mover esa aguja tenemos convenio con ANEP, UTU, Primaria, Secundaria, INEFOP, con todos los que se quieran sumar y también con el Ejército. ¿Para qué? Para recibir las destrezas y las capacidades que el Uruguay disfruta cuando hay, por ejemplo, una inundación y nos llenamos de dolor y de dificultades, recibirlas nosotros para ir aprendiendo cosas que el ejército sabe y conoce muy bien".
“Era un absurdo prescindir del Ejército Nacional en esta tarea”, ya que es la única institución “presente en la tierra, en el aire, en el mar y en todo el país”, comentó Saavedra al responder a las críticas lanzadas desde sectores del Frente Amplio y ONGs.
Al referirse a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, la ministra Sandra Lazo llamó ayer a la sociedad uruguaya a evitar tener una visión reduccionista según la cual la defensa nacional se restringe solamente a lo militar. Y defendió la medida señalando que amputarse la posibilidad de acceder a estas capacitaciones “sería un acto de irresponsabilidad”.
La propuesta de formación en el Ejército fue cuestionada por sectores del Frente Amplio, entre ellos Casa Grande.
A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al Inisa para acceder al texto del convenio con el fin de evaluarlo, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) rechazó el programa y manifestó preocupación por su desarrollo.
“Entendemos que la ‘oportunidad’ de inserción socioeducativa y laboral en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA) es sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos”, dice el comunicado del Serpaj.
A su vez, manifiesta que “es grave que, desde instituciones a cargo de la restitución de derechos, en especial los vinculados a la educación, se promueva impartir una educación militar hacia adolescentes”. En ese sentido, considera “peligroso que se valore a las FF. AA. como un ente de capacitación e inserción social’ para adolescentes privados de libertad”.
Por último, el Serpaj menciona que en la formación militar “persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas”, por lo que no considera que el acuerdo “beneficie la formación de los adolescentes”.
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