La Tertulia de los Martes con
Gonzalo Baroni, Juan Erosa,
Victoria Pasquet y Lucía Zapata
La interpelación en la Cámara de Diputados a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, culminó pasada la medianoche sin que prosperara ninguna de las cuatro mociones puestas a consideración.
Eso llevó a que el oficialismo sostuviera que el planteo más votado había sido el del Frente Amplio, que respaldaba la actuación de Lustemberg, mientras que desde el Partido Nacional y Colorado se insistiera en que la ministra se retiraba sin una mayoría que la respaldara.
El llamado a sala, que comenzó después de las 10 de la mañana, se centró en las eventuales incompatibilidades entre el cargo de Danza al frente del prestador público de salud y su trabajo en tres mutualistas privadas, a las que renunció recién a comienzos de noviembre.
El miembro interpelante, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo, sostuvo que entre marzo y noviembre Danza violó el artículo 200 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de creación de ASSE, al ejercer simultáneamente la presidencia del organismo y tareas asistenciales en tres mutualistas privadas.
Agregó que, según la declaración de ingresos presentada por Danza ante la Jutep, la remuneración que recibía en la Asociación Española era entre 400% y 500% superior a la de un médico consultante, por lo que en los hechos habría seguido actuando como jefe de servicio. Sobre esa base, planteó que podría haber incurrido en los delitos previstos en los artículos 239 y 240 del Código Penal, que castigan la falsificación ideológica y la alteración de documentos, y que también podrían haberse vulnerado normas del Código de Ética en la Función Pública.
En particular, Sotelo cuestionó que Danza hubiera intervenido en la rescisión del contrato de ASSE con el Círculo Católico:
"Tampoco explicaron cómo fue posible que el presidente de ASSE, siendo al mismo tiempo empleado de tres prestadores privados de salud, haya incurrido en un ilícito como fue rescindir el convenio con el Círculo Católico, siendo como decía que estaba inhibido por el Código de Ética en la función pública de estar tomando decisiones en las que claramente se perjudicaba un competidor de las empresas para las que trabajaba".
Lustemberg defendió la designación y la actuación de Danza, asegurando que él informó “de manera completa y acabada” toda su situación laboral antes de asumir y que “no hubo ningún ocultamiento”. Destacó un informe del estudio Delpiazzo y, sobre todo, el pronunciamiento de la Jutep, que por mayoría entendió que no había incompatibilidad entre sus funciones públicas y privadas.
La ministra indicó que el artículo 200 de la Constitución no debe aplicarse de forma automática o preventiva, sino atendiendo al modo concreto en que se ejerce la función y a la existencia o no de beneficios personales.
Sostuvo que Danza actuaba como médico consultante —una tarea limitada a la atención de pacientes complejos derivados por otros internistas— y que en esas mutualistas no tenía poder de decisión ni de gestión.
Además, afirmó que, como presidente de ASSE, no intervino en contrataciones relativas a los prestadores en los que trabajaba ni en actos que generaran conflictos de interés. Denunció además que tanto ella como el jerarca fueron objeto de “feroces y desproporcionados ataques” y aseguró que Danza cuenta con “todas las credenciales éticas y profesionales” para ocupar el cargo.
"He resaltado el extenso currículum de Danza, que junto con sus condiciones humanas, han determinado mi decisión y convicción de que es la mejor persona que puede gestionar y cumplir con los objetivos que nos hemos trazado en la gestión. Nos queda la tranquilidad, y eso se lo digo a ustedes y a la ciudadanía que representan, de haber actuado con coherencia y aplomo, a pesar de los feroces y desproporcionados ataques que hemos recibido”.
Continúa en: PIT CNT presentó propuesta para gravar al 1% más rico
