La Tertulia de los Miércoles con
Miguel Fernández Galeano, Juan Gabito, Elena Grauert y Daoiz Uriarte
La interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, finalizó anoche sin que ninguna de las cuatro mociones presentadas alcanzara mayoría en la Cámara de Diputados.
La moción del Frente Amplio, que consideraba satisfactorias las explicaciones del ministro y entendía que la Jutep actuó dentro de sus competencias legales, fue rechazada por un margen estrecho (48 votos afirmativos y 50 negativos).
Tampoco prosperó la moción presentada por legisladores del Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, que calificaba de insatisfactorias las respuestas de Mahía, cuestionaba la ausencia en sala de las autoridades de la Jutep y reclamaba la remoción de su presidenta (47 afirmativos y 51 negativos).
En el caso de Cabildo Abierto, la moción fue votada por partes y también resultó rechazada. El planteo contra la no comparecencia de la Jutep no obtuvo respaldo (38 votos afirmativos y 60 negativos), al igual que el llamado de atención al ministro por la resolución del caso Danza (31 a 67).
Otras propuestas, como solicitar la renuncia de los directores de la Junta o la derogación del organismo, fueron ampliamente descartadas.
La moción de Identidad Soberana, también desglosada, consideró insatisfactorias las declaraciones del ministro (49 votos a favor y 49 en contra) y propuso la disolución de la Jutep, iniciativa que solo reunió un apoyo mínimo (3 afirmativos y 95 negativos).
El llamado a sala, que se extendió durante casi nueve horas, fue el quinto y último del año. Mahía fue convocado para explicar el fallo de la Jutep sobre la situación de Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre mantuvo actividades profesionales en mutualistas privadas mientras ocupaba el cargo de presidente de ASSE, función en la que aún se desempeña.
La oposición sostiene que esa situación violó el artículo 200 de la Constitución, además de otras normas legales. El ministro fue citado porque, si bien la Jutep tiene independencia técnica, se vincula institucionalmente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
El eje del debate estuvo en la resolución adoptada por la Jutep el 6 de noviembre, que concluyó que no existió incompatibilidad, y fue aprobada con los votos de los dos representantes del oficialismo en la Junta, mientras que el director por la oposición votó en contra.
El miembro interpelante, el diputado nacionalista Pablo Abdala, calificó el caso como “institucionalmente grave” y sostuvo que existió “abuso de poder”. Acusó a las autoridades de la Jutep de actuar en “connivencia” con el gobierno para “apañar” a Danza, cuestionó que se desestimara sin fundamentos el informe jurídico interno del organismo y definió la resolución como “un verdadero fraude”. También reclamó la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris.
Mahía, en tanto, rechazó de plano esas acusaciones. Explicó que la Jutep es un servicio descentralizado sin subordinación jerárquica al Poder Ejecutivo y que el rol del Ministerio de Educación y Cultura se limita a un control de legalidad. Afirmó que el dictamen de la Jutep estuvo dentro de sus competencias, que no hubo injerencia ni presión del gobierno y que, aunque pueda ser discutible desde el punto de vista técnico, fue legítimo.
El ministro sostuvo además que los informes jurídicos de los servicios de ese organismo no son vinculantes y que el directorio de la Jutep puede apartarse de ellos con fundamentos. Por último, consideró un “exabrupto” hablar de totalitarismo, como afirmó Abdala, y advirtió sobre el riesgo de deslegitimar a los organismos de control por desacuerdos técnicos o políticos.
Continúa en: 8% de los activos habilitados votaron en las Elecciones de la Caja Profesional: ¿A qué se debe la baja participación?
