La Tertulia de los Martes con
Matías Bordaberry, Amira Fagúndez, Tomás Teijeiro y Daoiz Uriarte
Juan Miguel Petit presentó el viernes su último informe como comisionado parlamentario para el sistema carcelario, luego de diez años en el cargo y antes de asumir como integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Advirtió que “es muy difícil” reformar las cárceles si no se frena el aumento de la población privada de libertad y subrayó que la prisión no puede ser la única sanción penal.
El reporte señala que más del 40% de los reclusos vive en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, con hacinamiento crítico, problemas de higiene, alimentación y salud, y sin programas adecuados de rehabilitación en adicciones. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 456 presos cada 100.000 habitantes en 2024, cifra que siguió creciendo en 2025. El año pasado murieron 57 personas bajo custodia, 36 de forma violenta, y en casi la mitad de los casos se constató negligencia estatal.
Además de recomendar mejoras en la atención, infraestructura y condiciones de rehabilitación, Petit presentó tres propuestas legislativas. En primer lugar, planteó restituir la suspensión condicional del proceso, eliminada por la ley de urgente consideración, para que quienes cometen delitos leves cumplan acciones reparatorias o de tratamiento. También propuso extender la redención de pena por trabajo o estudio a todos los delitos, ya que “Uruguay no tiene cadena perpetua y todas las personas van a ser liberadas tarde o temprano”. Por último, sugirió modificar el artículo 304 del Código del Proceso Penal, que limita el aplazamiento o sustitución de la prisión a penas menores a dos años y excluye a reincidentes, lo que, según señaló, deja fuera a gran parte de quienes son condenados por microtráfico.
