El Ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció ayer que se iniciará una investigación administrativa en su cartera para detectar eventuales responsabilidades en la estafa contra el Fondo Nacional de Salud que se conoció esta semana y que se realizaba mediante empresas fantasmas con trabajadores ficticios. Basso enfatizó que “la idea es llevar a las últimas consecuencias en la Justicia los delitos vinculados con uso indebido de fondos públicos".
La maniobra consistía en registrar como trabajadores de empresas “de papel” a personas de bajos recursos, sin trabajo formal y por ende sin aportes al BPS. Luego, esas personas eran inscriptas, vía Fonasa, en mutualistas que pagaban a los autores de la estafa unos US$ 50 por cada afiliado nuevo.
Según estimaron ayer las autoridades, la estafa involucra a unas 31.000 afiliaciones a lo largo de seis años y pudo haber implicado una pérdida para el Estado de US$ 930 mil al año.
Hasta ahora hay cinco procesados, pero se espera que sean citadas a declarar 50 personas más, entre las que hay funcionarios del BPS y la Junta Nacional de Salud.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Jueves, con Fernando Butazzoni, Esteban Valenti, Fernando Scrigna y Antonio Mercader.
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