El pasado 3 de octubre el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que habilita al Instituto Nacional de Colonización (INC) a rescindir unilateralmente los contratos con aquellos colonos que incumplan las obligaciones que adquirieron cuando se les entregaron las tierras para su explotación.
Las causales para rescindir el contrato con un colono, previstas en la ley 11.029, incluyen: que el colono explote además otro predio, que se dedique además a otra actividad, que no habite el predio junto a su familia, que no cuide los recursos naturales del mismo y que no pague las rentas.
A raíz de estos cambios en la normativa nos pareció interesante conversar sobre el papel que juega el INC. ¿Cómo cae el decreto? ¿Puede ser un empuje para empezar a ordenar la cancha?
Recordemos que la última modificación a la ley 11.029 es de 2011. ¿Hoy el instituto tiene sus roles adaptados a los cambios que ha tenido la producción de alimentos en el mundo y en nuestro sector agropecuario?
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