El jueves de noche seis personas que usurpaban casas en Los Palomares de Casavalle entregaron las llaves a la Policía y se retiraron. Además tuvieron que registrar un nuevo domicilio y se comprometieron a no acercarse al lugar.
De esa manera, cumplieron lo que habían acordado el día anterior con la Justicia para evitar la cárcel por los delitos de usurpación de vivienda y hurto de energía eléctrica y agua potable en reiteración real.
Es que estaban ocupando apartamentos cuyos habitantes anteriores habían tenido que abandonarlos en muy pocas horas, dejando incluso sus pertenencias, forzados a punta de pistola por una banda de narcotraficantes, “los Chingas”, entre septiembre y noviembre del año pasado.
El operativo policial de apoyo a la justicia, que incluyó decenas de efectivos armados y vehículos blindados, debió enfrentar protestas de un grupo de vecinos.
El día anterior debió dejar otra de esas casas una mujer llamada Mónica Sosa, que además fue remitida a prisión por su condición de reincidente, mientras sigue el proceso. En diciembre, Mónica, una de las líderes de Los Chingas, había sido condenada como cómplice en el delito de extorsión, por más de cien expulsiones de familias de Los Palomares, y sancionada con 15 meses de libertad vigilada.
El desalojo de los usurpadores es la más reciente de una serie de intervenciones que viene desarrollando el Estado en Los Palomares de Casavalle, desde el 23 de junio pasado, cuando se realizó un censo.
La Mesa de los Lunes con Gabriel Mazzarovich, Teresa Herrera, Sergio Fernández y Juan Gabito.
[la_mesa type="1″]
