Foto: Javier Calvelo – adhocFOTOS
El Ministerio de Defensa declaró reservadas por 15 años las actuaciones de un Tribunal de Honor al que fue sometido años atrás el teniente coronel retirado Armando Méndez, que el jueves pasado fue procesado con prisión por el asesinato de Gerardo Alter, ocurrido en agosto de 1973.
La declaración de reserva, fechada el 17 de setiembre, se hizo a raíz de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Javier García, explicó que se dispuso la reserva porque el Tribunal de Honor versaba sobre cuestiones personales de carácter comercial que nada tienen que ver con violaciones a los Derechos Humanos.
No es el primero que se ha reservado. Porque hay Tribunales de Honor por temas de orientación sexual, por situaciones entre parejas, por deudas entre personas y nos parece que hay temas de protección de la persona. Uno no tiene derecho a revelar un dato que habla de la orientación sexual de otra. Yo no lo voy a hacer. En lo que tiene que ver con Derechos Humanos, esta administración ha proporcionado y proporcionará toda la información que esté a nuestro alcance.
Si bien el ministro no lo mencionó expresamente, el motivo de la citación a Méndez al tribunal de honor militar fue, en su momento, el Operativo Conserva, uno de los delitos económicos de la dictadura, que involucró al ex dictador Gregorio Álvarez y a empresarios de la industria frigorífica; en esa época Armando Méndez encabezaba el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Al conocer la resolución del ministro Javier García el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) manifestó su “profunda preocupación”.
Ielsur, en un comunicado, advierte sobre la “generalidad” con la que el MDN “justifica" su decisión de clasificar como reservada la información solicitada por Familiares. El Instituto argumentó que la normativa establece que para clasificar de reservada la información se debe hacer “mediante resolución debidamente fundada y motivada”, que demuestre que la divulgación de la información puede generar “riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido”.
Con el asesoramiento de Ielsur, la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos evalúa recurrir a la justicia para levantar la reserva de los expedientes, informó La Diaria.
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