La clase política chilena llegó a un acuerdo la semana pasada para llamar a un referéndum y cambiar la Constitución del país, impuesta en 1980 durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet.
Este pacto es consecuencia de las protestas masivas y violentas que vienen sacudiendo a Chile desde hace un mes, y que resquebrajaron la visión internacional de su modelo económico.
Además de daños materiales y de 22 muertes, el estallido social golpeó al peso chileno, que alcanzó mínimos históricos, aumentó el riesgo país, y provocó grandes pérdidas en la Bolsa.
El presidente, Sebastián Piñera, se dirigió ayer domingo al país optimista frente al acuerdo político alcanzado, y por primera vez condenó los abusos cometidos por la Policía en las protestas que sacuden a Chile desde hace un mes:
Si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva Constitución. La primera elaborada en plena democracia, y aceptada y respetada por todos. Que sea el gran marco de unidad, de legitimidad, y de estabilidad, que permita a nuestra democracia enfrentar los caminos del futuro, y que permita a todos los ciudadanos procesar y resolver nuestras legítimas diferencias, dentro del marco de la Constitución y la ley.
La Mesa de Análisis Internacional con Gustavo Calvo, Susana Mangana y Leo Harari.
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