El gobierno regional de Cataluña sigue con sus planes de celebrar la consulta independentista el próximo domingo 1º de octubre, a pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió la ley votada por el Parlamento local que regula el referéndum, y también suspendió el decreto que lo convoca.
Tras la resolución judicial, y como continuaron los actos y movilizaciones en pro de la votación, el gobierno central ordenó arrestos de varios altos funcionarios de la Generalitat, hecho por el cual el presidente español, Mariano Rajoy, recibió acusaciones de que en su país hay presos políticos.
La Guardia Civil además incautó en Barcelona millones de papeletas con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?". De todos modos, entidades independentistas aseguraron haber repartido un millón de esos impresos.
“Están a tiempo de evitar males mayores", dijo Rajoy a los separatistas, e insistió en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".
Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, que mantiene su propósito de celebrar la consulta, dijo tener preparadas 6.000 urnas para el referéndum, sin revelar el lugar donde se encuentran.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de Análisis Internacional con Susana Mangana, Leo Harari y Gustavo Calvo.
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