El Movimiento de Participación Popular, el sector que cuenta con la bancada más numerosa dentro del Frente Amplio, hizo público ayer un proyecto de ley que amplía la cantidad de personas obligadas a realizar y publicar su declaración de bienes e ingresos.
Hasta ahora los únicos cuyas declaraciones debían ser publicadas son el presidente y el vicepresidente de la República. Pero el proyecto del MPP extiende la obligatoriedad de la apertura y publicación de la declaración jurada a legisladores, directores de entes y servicios descentralizados, intendentes, alcaldes, concejales, ministros de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros de lo Contencioso Administrativo y también cónyuges o concubinos del presidente y el vicepresidente de la República.
Esta parte de la iniciativa tiene puntos de contacto con otra que prepara el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.
Sin embargo, el proyecto del MPP va más allá: establece que deben rendir cuenta de sus bienes e ingresos una serie de personas físicas que manejan fondos públicos perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, como gerentes de mutualistas, concesionarios de obra y Organizaciones No Gubernamentales que se encargan de la ejecución de políticas sociales tercerizadas.
El diputado del sector Daniel Caggiani, dijo a El País que la línea de razonamiento de su sector es que “existe corrupción pública en tanto existe también corrupción privada. “Creemos que quienes administran servicios que son públicos y manejan dineros de la gente deben rendir cuentas a la sociedad", explicó Caggiani.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Teresa Herrera, Rafael Porzecanski, Hebert Gatto y Guillermo Fossati.
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