La Tertulia de los Lunes con
Matías Bordaberry, Miguel Brechner, Eleonora Navatta y Tomás Teijeiro
El presidente Yamandú Orsi confirmó que en junio mantuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para consultar cómo debía proceder ante un informe sobre el estado de salud de varios presos de la cárcel de Domingo Arena, condenados por delitos de lesa humanidad.
Aquel encuentro no se conocía hasta el jueves pasado cuando lo dio informó el semanario Búsqueda.
Según esa publicación, en la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la SCJ, Orsi habría transmitido su “preocupación” por la situación de más de diez de los reclusos alojados en Domingo Arena, a lo que Pérez respondió que el tema “era resorte de los jueces y no de la Corte” y que los informes debían remitirse a los juzgados competentes.
De acuerdo a lo que consignó la nota de Búsqueda, el planteo de Orsi generó “sorpresa” entre algunos ministros de la Corte, que interpretaron el gesto como un posible intento de incidir en decisiones judiciales.
Consultado horas más tarde en rueda de prensa, el mandatario negó haber manifestado preocupación y sostuvo que su consulta fue estrictamente institucional.
“Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia porque tenía un informe de Sanidad Militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviárselo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto, y me dijo: eso lo resuelve cada uno de los jueces. Simplemente eso. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”.
En la misma jornada, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó la reunión entre el presidente Orsi y el titular de la Suprema Corte de Justicia.
La organización calificó como “improcedente” cualquier señal que pueda interpretarse como influencia sobre el Poder Judicial en favor de condenados por delitos de lesa humanidad.
En un comunicado, recordó que esos militares fueron juzgados por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y torturas, todos delitos inamnistiables, y que gozan de garantías procesales que no tuvieron las víctimas del terrorismo de Estado. También afirmó que siguen sin aportar información sobre el paradero de los desaparecidos.
Madres y Familiares sostuvo que los internos de Domingo Arena están recluidos en “condiciones privilegiadas” y rechazó cualquier intento de otorgarles un trato excepcional. Concluyó que la democracia se sostiene en verdad, justicia y memoria, y que no debe haber retrocesos en la lucha contra la impunidad.
Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró el viernes en entrevista con Desayunos Informales que el presidente se ocupara personalmente del tema y afirmó que el gesto “habla bien” de Orsi.
Cabildo Abierto promueve la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, iniciativa que ha acompañado reiteradamente. Orsi rechazó que su reunión con Pérez tenga vínculo con negociaciones parlamentarias o acuerdos políticos.
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