Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
El Partido Comunista planteará hoy en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) su preocupación por la salida pública del grupo “Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social”, un conjunto de 112 académicos y militantes que armó una página web y publicó un documento con cuestionamientos a la reforma constitucional impulsada por el PIT CNT.
Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, dijo a El País que el comité ejecutivo de su sector analizó el tema el pasado viernes y concluyó que el accionar del grupo "fue más allá" de la libertad de acción definida por el FA o y quebró "determinados criterios" previstos en aquella resolución.
En particular, Castillo apuntó a lo establecido en cuanto a cómo "defender públicamente las legítimas posiciones" ya que lo que el mandato de la dirección frenteamplista fue que se evitara "la atribución de intenciones” que pusieran “a compañeros de la fuerza política o a las organizaciones sociales en contraposición a los principios y valores que enmarcan el proyecto político" de la coalición de izquierdas.
El grupo está integrado, entre otros, por varios referentes económicos del Frente Amplio, por ejemplo, Mario Bergara, Gabriel Oddone, Martín Vallcorba, Fernando Lorenzo o Alvaro García. En el documento, aseguran que, de aprobarse, la reforma “tendría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”.
Por ejemplo, plantean que "el plebiscito no consigue cumplir con su objetivo de poder jubilarse a los 60 años" porque "la mayoría de los trabajadores seguirán sin alcanzar su jubilación" a esa edad, "sobre todo los de menores ingresos, especialmente las mujeres" porque no tendrán la cantidad de años de aportes suficientes.
Añaden que la reforma propuesta “tampoco resuelve el problema de los que no podrán jubilarse ni siquiera a los 70 años, que afecta a uno de cada tres trabajadores, que tendrán que aspirar – dicen-, sólo si son lo suficientemente pobres, a una pensión a la vejez”.
En referencia al planteo de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, sostiene que "termina castigando" a los trabajadores de menores ingresos "por su efecto sobre el salario mínimo nacional", porque se pone en la Constitución "una referencia a una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno". En este sentido, consideran posible que un gobierno decida no aumentar el salario mínimo nacional para no tener que aumentar el gasto en jubilaciones y pensiones. El grupo estima que esta medida tendría un costo de US$ 1.500 millones al año, frente a los US$ 400 calculados por el PIT-CNT.
La Tertulia de los Lunes con Patricia González, Gabriel Mazzarovich, Martín Moraes y Victoria Pasquet.
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