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La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Gabriel Mazzarovich y Ana Laura Pérez
El diputado del Frente Amplio Federico Preve presentó, la semana pasada, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público.
La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante dos años, con una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación. La prestación abarcará a los prestadores de salud pública es decir, abarca la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Sanidad Militar, Sanidad Policial y el Hospital de Clínicas, y su distribución en el territorio nacional dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública (MSP).
La iniciativa se fundamenta en la dificultad para acceder a especialistas en el interior del país, un problema histórico del sistema de salud, ya reconocido por las autoridades sanitarias. El texto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Salud Pública podría no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación.
La iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Gerardo Bruno, profesor titular catedrático de cirugía torácica en la Universidad de la República publicó una carta en la que reclamó que los cambios propuestos son “coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos”, y que, en vez de ser una “fortaleza institucional”, muestran una “insuficiencia conceptual, organizacional y política”.
Allí, sostiene que la propuesta es un “castigo a la libertad” que busca “corregir una desigualdad creando otra”. “La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ASSE y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin duda, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única”, y sostuvo que “nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país” puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior.
No obstante, Bruno subrayó que “no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa” y apuntó que el proyecto de Preve “desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad” y crea “una herramienta más visible que correcta”.
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