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La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Pablo Díaz,
Miguel Fernández Galeano y Elisa Lieber
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se pronunció la semana pasada sobre dos decretos dictados por el gobierno de Luis Lacalle Pou, vinculados a la gestión portuaria y a la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo accionista mayoritario es la compañía belga Katoen Natie. Los decretos, que fueron impugnados por la empresa Montecon, derivan del acuerdo firmado en 2021 entre el Estado y TCP, que extendió la concesión hasta el año 2081.
El TCA rechazó el pedido de Montecon para anular los decretos. No obstante, anuló una cláusula del decreto 114 de 2021 que impedía la instalación de una segunda terminal de contenedores mientras estuviera vigente la concesión a TCP, al entender que esa disposición consagraba un monopolio sin respaldo legal.
Desde la oposición, exjerarcas del gobierno anterior destacaron el fallo como un respaldo a la política portuaria aplicada durante la administración Lacalle Pou. En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, sostuvo que se trata de una sentencia “rotunda y unánime”, que ratifica que la concesión a Katoen Natie es legítima y no desproporcionada.
Heber recordó que el país arrastraba un conflicto intraportuario de casi dos décadas y enfrentaba la amenaza de un juicio internacional millonario, lo que —según afirmó— frenaba inversiones clave. Señaló además que el objetivo del acuerdo fue fortalecer la competitividad regional del puerto de Montevideo y subrayó que la inversión comprometida, de unos 650 millones de dólares, es la mayor en la historia del puerto.
En la misma línea, otros exintegrantes del gobierno anterior aseguraron que el fallo no altera el esquema general de la concesión ni sus condiciones centrales, y rechazaron las críticas del Frente Amplio, al que acusaron de haber hablado de “entrega del puerto” y de supuestos delitos que luego fueron archivados por la Justicia.
Para el oficialismo, en cambio, la lectura del pronunciamiento del TCA es distinta.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, sostuvo que la anulación de la cláusula despeja restricciones que podían limitar la capacidad del Estado para mejorar la competitividad del puerto.
En declaraciones al semanario Búsqueda, remarcó que lo central es que Uruguay mantenga la potestad de definir si necesita o no otra terminal especializada de contenedores, una decisión que consideró clave en términos de soberanía y libre competencia.
En la misma línea, el exsenador frenteamplista Charles Carrera —uno de los más críticos de la concesión a Katoen Natie— sostuvo que el fallo confirma que el acuerdo fue ilegal e inconstitucional y que recupera facultades regulatorias del Estado.
El presidente Yamandú Orsi fue consultado sobre el tema durante su viaje a China. En declaraciones a Telenoche el viernes, tras visitar el puerto de Shanghái, afirmó que el camino es el diálogo y una salida de “ganar-ganar” entre el Estado y los operadores. Orsi no descartó la posibilidad de una nueva terminal especializada, aunque aclaró que antes hay “muchas cosas para resolver”.
