Si siguieron la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la última campaña electoral, habrán notado que muchos de sus posteos estuvieron acompañados de advertencias.
Por ejemplo, cada vez que Trump hizo referencia a un presunto fraude en el conteo de votos en la última semana, junto al texto redactado aparecía un cartel aclarando a los usuarios que la afirmación del mandatario “está en disputa” (“This claim about election fraud is disputed”). Otros tuits directamente fueron ocultados por la red social debajo de un cartel en el que se puntualiza que el contenido “puede ser engañoso sobre unas elecciones o un proceso cívico”.
Estas acciones son partede la Política de Integridad Cívica que Twitter, Facebook y otras redes sociales implementaron en esta campaña para prevenir intentos de “manipular” o “interferir en elecciones u otros procesos cívicos”. Estas conductas incluyen “publicar o compartir contenido que pueda suprimir la participación o inducir a error a las personas sobre cuándo, dónde o cómo participar en un proceso cívico". La misma política es seguida por las redes sociales en caso de detectar discursos de odio racial o étnico.
¿Es excesivo el poder que tienen sobre el contenido de los mensajes?
La Tertulia de los Lunes con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez y Daoiz Uriarte.
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