Ayer ingresó formalmente al Senado el proyecto de ley de Cabildo Abierto que busca reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en el año 1986.
El texto deroga la ley 18.831, una norma interpretativa aprobada en 2011 con los votos del Frente Amplio, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad. Pero además, el proyecto “ratifica” en su artículo 5° que “la única fuente de Derecho Penal es la ley aprobada en el marco de nuestras disposiciones constitucionales”, con lo cual busca levantar la obligación de obedecer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Gelman que en 2011 ordenó al Estado uruguayo que se retomara el juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
El martes, en la media hora previa del Senado, el senador Guido Manini Ríos hizo una defensa del proyecto y se centró en este dictamen de la CIDH que a su juicio constituye una “intromisión inadmisible” en la soberanía uruguaya:
Habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia pero no es ese nuestro caso. Por eso reivindicamos nuestra soberanía nacional. Nuestro derecho a establecer el marco jurídico que regule nuestra vida en democracia. Ningún dictamen de organismo internacional está por encima de lo que establece nuestra Constitución nacional.
El semanario La Mañana, cercano a Cabildo Abierto, también ahondó en ese enfoque. En un editorial titulado “La Segunda Independencia” se sostuvo que los jueces que integran la corte “ostentan un poder inconmensurable sobre la sociedad uruguaya”. “Ni la Constitución ni las leyes, ni las iniciativas de democracia directa (..) podrían desconocer los dictámenes” de la CIDH. “Al menos eso piensan y defienden con fervor internacionalista algunos conciudadanos, porque es difícil llamarlos compatriotas”, dice el editorial.
La Tertulia de los Jueves con Cecilia Eguiluz, Daniel Supervielle, Daoiz Uriarte y Esteban Valenti.
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