Salto Grande: Paganini dio explicaciones por designaciones directas en la CTM

El canciller Omar Paganini dio explicaciones ayer ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo sobre la situación contractual de los 35 funcionarios que ingresaron por designación directa en este gobierno a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La comparecencia del ministro se produjo por iniciativa del Frente Amplio, que entiende que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo con una moción de la Cámara de Diputados, que votaron todos los partidos al final de la interpelación del mes de octubre del año pasado, en la que se solicitó el cese de “forma inmediata” de esos nombramientos.

Durante la sesión, Paganini sostuvo que de las 35 personas que fueron nombradas de forma directa desde 2020, 23 cambiaron su contrato o fueron cesadas.

Al desglosar las “23 soluciones alcanzadas”, señaló que “hay siete que ya no son funcionarios, porque renunciaron en forma definitiva [cuatro] o se les vencieron los contratos y los mismos no fueron renovados [tres]”. Además, “hay una persona que cesará por jubilación el próximo marzo de 2025 y hay 15 personas que renunciaron por voluntad propia a su condición de funcionarios permanentes y pasaron a una modalidad de contratos anuales renovables, que fueron firmados en noviembre y cuentan con una cláusula que establece que la CTM, en cualquier momento y de manera unilateral, puede terminar el vínculo contractual por sola voluntad, y por otra parte siempre tiene la opción de no renovarlos”, sostuvo.

En particular, sobre los 10 ediles que formaban parte de las designaciones directas, cuatro siguen en sus cargos en CTM, sin cambios en sus contratos. Cancillería informó que de los cuatro, tres curules renunciaron a la Junta Departamental, mientras que una edila sigue en Salto Grande y en el órgano legislativo.

Paganini explicó que no se pudo resolver la situación de 12 personas que ingresaron por designación directa porque “la delegación argentina no la aprobó, porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí”.

A la salida de la comisión, hablando en rueda de prensa, Paganini respondió al Frente Amplio y Cabildo Abierto, que reclamaban todas las renuncias y ceses en los cargos cuestionados. Paganini advirtió que el pronunciamiento de la Cámara de Diputados de octubre “no es vinculante” porque hay un marco jurídico superior, que es el tratado que obliga a que determinadas decisiones tienen que tomarse en conjunto con Argentina, “y también porque hay derechos adquiridos por los funcionarios”.

“Uno avanzó hasta donde pudo. En ese sentido hay muchos funcionarios que aceptaron cambiar su condición de designación permanente a un contrato a término”. Ese número de funcionarios perdieron derechos adquiridos pero aceptaron entendiendo la situación política. Otras medidas no fueron aceptadas por la parte argentina de la delegación en ese momento, por lo que no se ha podido avanzar más de lo que se venía avanzando, que es bastante, porque estamos hablando de 23 casos”.

Por su lado, el diputado del Frente Amplio Nicolás Viera opinó que las explicaciones fueron insuficientes. Viera dijo que el gobierno “no quiere” cesar a todos los cargos porque “necesita punteros políticos rentados para la campaña política”.

“Una vez que este gobierno se vaya de la gestión de Salto Grande, le van a quedar de herencia a la gestión que venga 12 funcionarios con altos salarios y con una cantidad de beneficios que están muy lejos del común de los trabajadores que se rigen por el derecho uruguayo. Por tanto, allí vemos que el aparato político que el PN generó en Salto Grande está siendo financiado por el bolsillo de todos los uruguayos y uruguayas. Y por esa razón nosotros seguimos denunciando esta situación, porque evidencia una muy mala gestión y un mal gasto a la hora de la toma de decisiones”, subrayó Viera.