La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Mazzarovich, Ana Laura Pérez,
Gloria Robaina y Daniel Supervielle
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer el proyecto de ley de “Muerte Digna”, que regula la eutanasia en Uruguay. La iniciativa tuvo 64 votos a favor y 29 en contra.
Votaron por Sí los representantes del Frente Amplio presentes en sala, el del Partido Independiente y algunos diputados blancos y colorados. Votaron en contra otros legisladores nacionalistas y colorados más los dos representantes de Cabildo Abierto y los dos de Identidad Soberana.
El texto pasará ahora a la comisión de Salud del Senado para su consideración. El oficialismo no prevé realizarle modificaciones en el pasaje por la cámara alta y trabaja para que tenga sanción definitiva antes de fin de año.
El proyecto de “Muerte Digna” permite que cualquier persona mayor de edad, con plenas facultades mentales, solicite la eutanasia si sufre una enfermedad incurable e irreversible, en etapa terminal, o padece sufrimientos insoportables con un grave deterioro de su calidad de vida. La voluntad puede revocarse en cualquier momento. El texto reconoce la objeción de conciencia para los profesionales, pero obliga a las instituciones de salud a garantizar la prestación.
Proyecto de ley de eutanasia aprobado en Cámara de Representantes by En Perspectiva En Perspectiva
El procedimiento se desarrolla en ocho pasos: presentación de la solicitud personal y escrita al médico; evaluación de admisibilidad; segunda opinión médica, con intervención de una junta en caso de discrepancia; segunda entrevista para confirmar la decisión; declaración de última voluntad ante dos testigos; y realización del procedimiento en el momento y lugar elegidos por el paciente. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública recibe la notificación y, si detecta incumplimientos graves, puede dar intervención a la Fiscalía.
El diputado frenteamplista Luis Gallo, miembro informante del oficialismo y médico de profesión, sostuvo que el proyecto logra “un equilibrio justo”: no habilita la eutanasia en cualquier circunstancia ni impone requisitos interminables que prolonguen el sufrimiento. Lo definió como una ley “garantista, segura y protectora de los derechos de las personas” y remarcó que “el sufrimiento innecesario también es una forma de violencia”.
En ese sentido, compartió testimonios de pacientes graves que piden la muerte anticipada y, con esos casos en mente, instó a los legisladores a responder con empatía, compasión y respeto a la voluntad individual.
“Porque podemos seguir discutiendo detalles sobre los artículos específicos, con el presunto fin de buscar mejorar este proyecto de ley. El cual, como dijimos anteriormente, ya hace más de cinco años que venimos trabajando de manera responsable y plural. Pero el punto esencial, la verdadera pregunta que tenemos frente a nosotros, es si estamos dispuestos a incorporar a nuestra normativa el derecho de toda persona a decidir sobre el fin de su propia vida”.
El diputado nacionalista Andrés Grezzi, miembro informante en minoría, calificó como “profundamente negativo” el proyecto y advirtió sobre “grandes falencias” en su redacción. Cuestionó que se haya cambiado el nombre de la iniciativa a “muerte digna”, lo que consideró una manipulación semántica que confunde a la ciudadanía, y afirmó que el texto “no ofrece garantías”. Indicó que habilita la eutanasia no solo para enfermedades terminales, sino también para patologías crónicas e irreversibles, y criticó que el artículo sobre la aptitud psíquica del paciente no exija evaluación psiquiátrica obligatoria. También cuestionó que el proyecto “implica la intervención directa del médico para causar la muerte” sin especificar quién ejecuta la orden.
“Todos coincidimos en querer que las personas puedan transcurrir el final de su vida en paz y sin dolor; la diferencia principal no es la finalidad subjetiva que se persiga, sino cuáles son los medios convenientes para lograrlo. No es prudente y no está bien simplificar el debate entre sufrir y morir; nadie quiere sufrir. Y es preciso informar debidamente a la ciudadanía para conocer su postura sobre las prácticas actualmente disponibles para ejercer la autonomía al final de la vida y sobre la eutanasia”.
Grezzi pidió un sustitutivo para que las solicitudes sean evaluadas por un comité de garantías integrado por un psiquiatra, un especialista en la patología y un trabajador social. Rechazó además la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, que prohíbe la eutanasia activa, y acusó al Parlamento de atentar contra la autonomía del colectivo médico, señalando que “la mayoría de los médicos del país no han sido consultados” sobre ese cambio.
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