El martes de esta semana se llevó a cabo una nueva reunión entre el gobierno y los partidos con representación parlamentaria en busca de una política de Estado sobre seguridad pública.
A la salida se anunció el acuerdo en torno a tres proyectos de ley. Uno que hace posible la implementación del Código del Proceso Penal en febrero de 2017; otro que introduce la abreviación del proceso penal en ciertas situaciones; y el tercero que limita las libertades anticipadas para los reincidentes autores delitos graves.
Algunos de los delegados quedaron satisfechos con los anuncios. Por ejemplo, el representante del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, dijo que los acuerdos muestran que Uruguay es un “ejemplo” en la región.
Sin embargo, los blancos plantearon con énfasis algunas advertencias. Por ejemplo el senador Javier García dijo que se debía entrar ya “al área chica” y empezar a considerar proyectos que tengan un impacto real en la seguridad, como algunos presentados por el Partido Nacional, que implican el aumento de penas para determinados delitos, como los de narcotráfico.
¿Cómo ven estas cumbres por seguridad pública?¿Pueden llegar a tener avances reales? Y, más a fondo, ¿se puede construir políticas de Estado en Uruguay?
Recordemos que este diálogo por seguridad pública no es la única instancia que Vázquez planteó para alcanzar políticas de Estado. En los primeros meses del año se reunió con los ex presidentes y luego con los líderes partidarios por la políticas sobre hidrocarburos y, por otro lado, puso en marcha el Diálogo Social un instrumento para alcanzar políticas públicas de largo aliento en donde está convocada la sociedad civil.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa de los Viernes con Ana Ribeiro, Mauricio Rosencof, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.
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