En las últimas semanas del año se logró en el Parlamento un acuerdo multipartidario para tratar varios proyectos vinculados con el combate a la corrupción.
El miércoles pasado el Senado dio media sanción por unanimidad a un Código de Ética en la función pública que regirá para los empleados de personas públicas estatales y no estatales, y para los representantes del Estado en instituciones públicas que operen en el derecho privado.
El proyecto define a la corrupción como “la oferta que realice una persona física o jurídica a un funcionario público, de un beneficio de cualquier especie, para sí o para un tercero, a los efectos de que cumpla con las tareas propias de su función u omita cumplirlas”.
Entre otras disposiciones el texto prohíbe a los funcionarios “intervenir por razones de parentesco” en los procedimientos de contratación administrativa; fija un plazo para que los funcionarios que “culminan su actividad en la administración controladora no pasen automáticamente al ente controlado” e incluye el “deber de rendición respecto de los gastos en los que se incurriese en el uso de tarjetas de crédito corporativas”.
Además, oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo para impulsar otras normas vinculadas a la función pública. Hoy por ejemplo será votado en el Senado un proyecto de ley presentado por el senador colorado Pedro Bordaberry que crea el delito de enriquecimiento ilícito.
La Mesa de los Miércoles con Hoenir Sarthou, Gabriel Mazzarovich, Verónica Piñeiro y Fernando Scrigna.
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