La Tertulia de los Jueves con
Gabriel Mazzarovich, Daniel Superville, Gloria Robaina y Ana Laura Pérez
El Senado aprobó este miércoles, con amplio respaldo político, el proyecto de ley que modifica la normativa contra el lavado de activos, una de las prioridades del gobierno de Yamandú Orsi tras el atentado contra la fiscal de Corte.
El texto fue aprobado en general por 27 votos en 28: lo respaldaron el Frente Amplio, el Partido Nacional y los senadores del Partido Colorado menos Gustavo Zubía, que fue el único que votó en contra.
En la votación en particular algunos artículos solo tuvieron el apoyo del oficialismo, que tiene mayoría propia en la cámara alta. El proyecto introduce cambios en los controles financieros y amplía las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft).
La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, miembro informante del proyecto, destacó que el objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y perseguir el crimen organizado.
Entre las principales modificaciones se incluye la reducción del tope máximo para transacciones en efectivo —de un millón de Unidades Indexadas (UI) a 270.000 UI, unos 43.000 dólares—, la incorporación de nuevos delitos precedentes al lavado y mayores atribuciones para la Senaclaft, que podrá requerir e incautar información en inspecciones.
Durante el debate, varios legisladores expresaron reparos. La nacionalista Graciela Bianchi cuestionó el “apuro” con que se trató el proyecto y advirtió que el exceso de controles podría convertir a profesionales como escribanos y contadores en “fiscales honorarios” del Estado. Su correligionario Sergio Botana criticó la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos sin un informe previo de la fiscal de Corte y sostuvo que “la prisa es enemiga de las buenas soluciones”. En la misma línea, el también nacionalista Sebastián Da Silva afirmó que la ley “solo dará una pellizcadita al narcotráfico” y aumentará la burocracia.
Desde el oficialismo, el senador Daniel Caggiani defendió la aprobación como “una señal clara de que en Uruguay se combate en serio al crimen organizado”, y subrayó que el país “necesita dar pasos firmes para no quedar expuesto a los riesgos del lavado y la corrupción”. En tanto, el colorado Pedro Bordaberry reconoció que la ley “no le gusta”, pero la consideró necesaria ante el avance del narcotráfico.
El proyecto pasará ahora a Diputados, donde el Frente Amplio espera su aprobación definitiva antes de fin de año.
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