Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Cinco personas que se desempeñaron en el Programa Oportunidad Laboral, conocido como “jornales solidarios”, comenzaron ayer a la tarde una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva, ante lo que consideran es una “falta de respuesta” a sus reclamos por la continuidad de ese mecanismo.
El grupo considera demasiado extenso el período de espera para el comienzo de la nueva fase del programa, ya definido por el gobierno para el 1 de mayo, con una duración de seis meses o un año. Los trabajadores reclaman poder acceder a los jornales desde el mes de febrero hasta mayo.
En un comunicado, los trabajadores señalan que la huelga de hambre será por tiempo indefinido hasta que el gobierno contemple su situación. En la misiva, afirman que el gobierno “les soltó la mano”, y aseguran el cierre del programa el pasado 31 de diciembre –después de varias extensiones– dejó a unas 10 mil personas sin trabajo en todo el país.
Ayer aquí En Perspectiva, Elena Valle, una de las huelguistas, sostuvo que el tiempo sin trabajar hasta la próxima edición del programa en mayo son “vacaciones obligadas” y “forzadas”. Además, manifestó: “Somos gente que quiere trabajar, no somos zánganos”.
“Lo que le pedimos al gobierno es nuestro trabajo, porque queremos trabajar. No queremos que el gobierno nos dé un subsidio o que nos esté bancando, pedimos trabajo. Tengo 59 años, hay personas de 60, 63, 64, que nunca han tenido la posibilidad de tener un trabajo digno estando en caja”.
Los huelguistas se reunieron ayer con el presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Flores Fernando Echeverría, y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Al terminal el encuentro, decidieron continuar con la medida ya que no obtuvieron la seguridad de que se les otorguen los jornales desde febrero, tal como reclaman.
Echeverría, por su parte, ratificó que la nueva edición del programa va a iniciar en mayo.
El programa denominado Oportunidad Laboral venció el pasado 31 de diciembre.
La última extensión se había concretado en octubre del año pasado, tras un pedido realizado por el Congreso de Intendentes. La medida implicó un costo de $ 250 millones, de los cuales el 75% se cubrió con aportes del gobierno nacional y el restante 25%, de los gobiernos departamentales.
La Tertulia de los Miércoles Gabriel Budiño, Leonardo Costa, Eleonora Navatta y Fernanda Sfeir.
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