La posibilidad de realizar un referéndum contra la Ley Integral para las personas trans fracasó el domingo en la “jornada de adhesión”, al alcanzar sólo un tercio del apoyo exigido por la Constitución.
La jornada de votación, también conocida como prereferéndum, le costó a la Corte Electoral, según trascendió después, unos 8 millones de pesos. Además, el Estado deberá asumir los costos de otorgar jornadas libres a los funcionarios que trabajaron en las mesas de votación.
Esto ha instalado el debate en torno al instrumento del prereferéndum.
El referéndum es una consulta popular que un grupo de ciudadanos promueve para derogar total o parcialmente una ley ya promulgada. El mecanismo está previsto en el inciso 2 del artículo 79 de la Constitución, y exige que los promotores cuenten con el apoyo del 25% del padrón electoral comprobado en el plazo de un año a partir de la promulgación de la ley cuestionada.
Una posibilidad es recolectar firmas y presentarlas dentro del año de promulgación de la ley. Una vez que la Corte Electoral verifica que se ha alcanzado el mínimo requerido, realiza la convocatoria a la consulta popular.
Pero hay otro camino, el camino corto, que se introdujo en la ley 17.244. En este caso, los impulsores SOLO deben conseguir las firma del 2% del total de inscriptos para votar, dentro de los 150 días contados desde la promulgación de la ley. Si la Corte Electoral verifica que la cantidad es correcta, entonces convoca a una jornada de adhesión, o prereferéndum, con mesas receptoras en un formato parecido al de una elección nacional, donde las personas deben pronunciarse a favor de la consulta.
La Mesa de los Miércoles con Edgardo Rubianes, Fernando Scrigna, Teresa Herrera y Hernán Bonilla.
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