La Tertulia de los Lunes con
Martín Bueno, Miguel Brechner,
Casilda Echevarría y Teresa Herrera
Uruguay continúa sacudido por el doble homicidio de los niños Alfonsina y Francisco Morosini, de dos y seis años, ejecutado por su padre, Andrés Morosini, que se ahogó con ellos cuando lanzó el auto en el que viajaban dentro de un arroyo en el litoral deo país.
El caso comenzó el pasado miércoles, cuando el hombre violó la orden de restricción que le impedía acercarse a su expareja, Micaela Ramos, que la había denunciado dos días antes por violencia doméstica.
Tras presentarse en la vivienda de la mujer en Mercedes, le exigió llevarse a los niños y emprendió una huida que rápidamente superó la capacidad de reacción de la Policía. La persecución culminó dos días después, cuando buzos de la Armada hallaron el auto sumergido en el arroyo Don Esteban, con los tres cuerpos en su interior.
La tragedia abrió un fuerte debate sobre la violencia vicaria, una forma extrema de violencia de género en la que los hijos son utilizados como instrumento para dañar a la madre.
Voces desde la sociedad civil y la política exigieron una revisión profunda de los protocolos, así como más recursos para la detección temprana y el acompañamiento de las víctimas.
Organizaciones sociales y colectivos feministas denunciaron que este crimen expone fallas graves en el sistema de protección, al no haberse extendido la medida de no acercamiento a los menores. Durante una manifestación que organizaron el viernes frente a Torre Ejecutiva reclamaron respuestas concretas y fueron recibidas por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que se comprometió a instalar una mesa de trabajo con participación de organizaciones sociales y organismos estatales.
“Hablé con el presidente de la República y vamos a crear esa comisión con la sociedad civil para trabajar en aquellos aspectos que tenemos que avanzar, ni que hablar, con medidas concretas. Hoy estamos todos muy mal, el Estado está en falta, el Estado en general”
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