Foto: En Perspectiva
“Los tiempos de espera (para la atención médica) generan angustia, deterioro y desigualdad”
Esta frase fue dicha por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al presentar el Plan de Garantías y Acceso Oportuno a la Salud.
En julio del año pasado las autoridades anunciaron que una de sus prioridades era establecer una estrategia para bajar los tiempos de espera de la atención médica.
En esa oportunidad se fijaron tres líneas de trabajo: mejora de la normativa, gestión y coordinación más eficiente y un sistema de información que mida y monitoree el cumplimiento de los tiempos.
Este martes las autoridades de la salud presentaron un primer hito de ese proceso: un decreto, firmado el 26 de febrero por el presidente Yamandú Orsi, que establece cambios y fija plazos máximos para la atención médica.
Teniendo en cuenta que desde el año 1990 hay normas que, por ejemplo, fijan en 24 horas el plazo para las consultas de medicina general, ginecología o pediatría, ¿qué es lo nuevo en este decreto? ¿Cómo se alcanzará el objetivo del Ministerio de Salud Pública de que en dos años los tiempos de espera se reduzcan a la mitad? ¿Qué puede hacer el usuario si estos plazos no se cumplen?
Emiliano Cotelo conversó con Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud, el organismo encargado del seguimiento de esta nueva estrategia.
Gabriela Pradere
- Presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa)
- Economista (Udelar)
- Miembro de los equipos técnicos del MSP responsables del diseño e implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
- Directora de Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud en el MSP desde 2010
